En el marco del Mundial 2026, la Cámara de Diputados retoma una de las iniciativas pendientes en la agenda de seguridad, la Ley Antibarras. Este miércoles, la comisión de Legislación Penal, presidida por Laura Rodríguez Machado, comenzará a tratar el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que establece un nuevo régimen para prevenir y reprimir delitos en espectáculos deportivos.
La iniciativa, que originalmente fue diseñada por la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, cuenta con el respaldo de funcionarios nacionales que asistirán al Congreso para explicar los cambios que se pretenden introducir en el Código Penal.
Barrabravas como «asociación ilícita»
El corazón de la propuesta consiste en un cambio de enfoque legal. El proyecto propone crear un nuevo “tipo especial de asociación ilícita” para los miembros de las barrabravas, lo que permite aumentar significativamente las penas.
La justicia ya no vería a estos grupos solo como fanáticos violentos, sino como organizaciones delictivas permanentes que pueden atacar en cualquier lugar del país si sus intereses económicos corren peligro, más allá de si hay o no un partido de fútbol ese día.
Cárcel para dirigentes y reventa de entradas
Uno de los puntos más polémicos de la iniciativa es que apunta directamente a la dirigencia deportiva. El proyecto establece penas de hasta seis años de prisión para aquellos directivos de clubes que tengan connivencia con los barras.
El proyecto habilita investigar a dirigentes que entreguen entradas o mantengan vínculos económicos irregulares con barrabravas. El debate se da en medio de denuncias y sospechas sobre presuntas irregularidades en la distribución de entradas y beneficios vinculados a competencias internacionales, un tema que volvió a quedar bajo la lupa en el entorno de la AFA.
Además, la distribución ilegal y la reventa de entradas dejarán de ser una falta menor y se convertirán en penas de dos a seis años de prisión para quienes participen de este negocio.
Penas severas por portación de armas y daños
El proyecto también endurece el castigo para quienes generen incidentes dentro o fuera de los estadios:
- Armas de fuego o explosivos: penas de entre 4 y 10 años de cárcel.
- Armas blancas, piedras o botellas: prisión de entre 3 años y seis meses a 6 años.
- Elementos tóxicos o inflamables: de 4 a 8 años de prisión.
- Daños materiales: quienes dañen muebles o inmuebles en el contexto de un espectáculo deportivo enfrentarán entre uno y cuatro años de cárcel.
Finalmente, el texto busca que la violencia no impida el disfrute de las familias argentinas, incluyendo en su alcance delitos de odio y comportamientos que obstaculicen el espectáculo de manera pacífica.
