El diputado nacional Jorge Taiana rechazó este miércoles la firma del nuevo contrato de concesión de la Vía Navegable Troncal, conocida históricamente como la Hidrovía. Según el legislador, el proceso representa un retroceso estratégico para el control nacional sobre sus propios recursos hídricos.
A través de sus redes sociales, Taiana denunció que el Gobierno aprovechó la victoria de Argentina ante Egipto para avanzar con la medida. «Mientras los argentinos festejábamos el pase de la Selección a cuartos de final del Mundial, el Gobierno firmaba la concesión de la Vía Navegable Troncal, subrayó el legislador. Y añadió: «Están consumando la entrega de nuestro Río Paraná», sentenció.
Denuncias por irregularidades y corrupción
La crítica de Taiana no solo se centró en la pérdida de gestión estatal, sino también en las condiciones en las que se llevó adelante la licitación. El diputado fue categórico al señalar que el trámite estuvo viciado desde su origen.
«Tras un proceso licitatorio viciado de irregularidades y denuncias de corrupción, ayer se firmó el contrato», afirmó el legislador en su cuenta personal de X.
En esa línea, Taiana cuestionó la validez del proceso y aseguró que «no habrá seguridad jurídica posible para un proceso que nació bajo semejantes condiciones». Sus declaraciones se suman a diversos cuestionamientos técnicos que sostienen que el pliego de la licitación favoreció a determinados oferentes y restringió la competencia.
Mientras los argentinos festejábamos el pase de la Selección a cuartos de final del Mundial, el Gobierno firmaba la concesión de la Vía Navegable Troncal, consumando la entrega de nuestro Río Paraná.
— Jorge Taiana (@JorgeTaiana) July 8, 2026
Tras un proceso licitatorio viciado de irregularidades y denuncias de… https://t.co/0M67Ux2AxI
La importancia estratégica de la Hidrovía
El conflicto por el control del Río Paraná lleva años y tiene un fuerte peso estratégico, ya que por esa vía circula cerca del 80% del comercio exterior argentino. La adjudicación quedó finalmente en manos del consorcio integrado por la empresa belga Jan de Nul y la local Servimagnus, vinculada al Grupo Román.
Por su parte, el Ministerio de Economía defendió la concesión y la presentó como el inicio de una «nueva era de gestión privada». Lo hizo pese a las advertencias de la oposición, que cuestionó el supuesto direccionamiento de la licitación y los plazos fijados para el proceso.
Desde el Gobierno sostienen que la nueva concesión permitirá una rebaja en el valor del peaje y la incorporación de tecnología para la modernización de la ruta fluvial. Para Taiana y otros sectores críticos, la privatización pone fin a una etapa de gestión estatal sobre una vía considerada estratégica para el país. Además, sostienen que la firma del contrato no cerrará la polémica y anticipan una nueva etapa de judicialización por las denuncias e irregularidades que, según afirman, rodearon el proceso.
