Pablo Juliano, diputado nacional, denunció hoy la existencia de un «pacto» entre el Poder Ejecutivo y la CGT, tras la publicación de un nuevo decreto que modifica los criterios para el cálculo de indemnizaciones y el financiamiento sindical. El legislador advirtió que la medida, firmada por el presidente Javier Milei y los ministros Sandra Pettovello y Diego Santilli, representa una «estafa laboral» que beneficia a las cúpulas gremiales en detrimento de los trabajadores.
La controversia se centra en el impacto de la nueva normativa sobre los derechos de los empleados frente a los despidos y el flujo de fondos hacia las asociaciones sindicales. Según Juliano, el decreto no solo abarata el costo de las indemnizaciones, sino que asegura recursos económicos para los sindicatos con la aprobación de su conducción.
El recorte en las indemnizaciones y la base de cálculo
El diputado enfoca la denuncia en el Artículo 1° del nuevo decreto, el cual modifica la base de cálculo para los despidos. La normativa establece que la base de cálculo comprenderá el salario básico convencional y las sumas remunerativas normales. Sin embargo, excluye de manera explícita diversos rubros que habitualmente incrementaban el monto final percibido por el trabajador despedido.
El texto oficial indica: «No integrarán la base de cálculo los conceptos que no constituyan retribuciones normales, habituales y de percepción mensual… tales como premios, bonos, participación en las ganancias, horas extras, sueldo anual complementario, plus vacacional, sumas no remunerativas y todo otro concepto, cualquiera fuere su naturaleza jurídica».
Ante esta situación, Juliano fue categórico en sus redes sociales al afirmar que «la motosierra era para el laburante» y que la medida, en la práctica, «abarata la forma de calcular los despidos y licúa las indemnizaciones».
El «pacto» con la CGT y los fondos sindicales
El segundo punto de conflicto que señala el diputado Juliano es la relación entre el Gobierno y la CGT, materializada en el Artículo 2° del decreto. Según el legislador, mientras se recortan los beneficios del trabajador, se incrementan los aportes que van directamente a las estructuras sindicales. «Prometieron crear empleo y terminaron abaratando el despido y pactando con la CGT», sentenció Juliano.
El texto aclara que: «Las contribuciones y aportes a cargo de los empleadores deberán destinarse exclusivamente a obras de carácter social, asistencial, previsional o cultural, en interés y beneficio de los trabajadores comprendidos en el ámbito de representación de la asociación sindical«. Las contribuciones y aportes que los empleadores se comprometan a efectuar en el marco de Convenios Colectivos de Trabajo se regirán por la Ley N° 23.551. «Más que una reforma laboral, es una estafa laboral», sentenció Juliano.
