Tras la difusión de datos que indican un incremento en las deudas contraídas por repartidores con las propias aplicaciones, el senador nacional Mariano Recalde manifestó su rechazo al sistema de financiamiento que las empresas de mensajería urbana ofrecen a sus trabajadores. El legislador vinculó este fenómeno con la reciente reforma laboral y la ausencia de normativas específicas para el sector de la economía de plataformas.
A través de una publicación en la red social X, Recalde sostuvo que «las plataformas ya encontraron otro negocio: además de precarizar a sus trabajadores, ahora también lucran con el endeudamiento al que los empujan». El senador criticó la falta de marcos regulatorios en la actual gestión nacional, señalando que «mientras el mundo avanza hacia la regulación del trabajo en plataformas, la reforma laboral de Milei ni siquiera contempló esta realidad».
Crecimiento de la deuda y métricas de desempeño
La reacción del legislador se produce en un contexto donde, según datos del Banco Central de la República Argentina, la cantidad de trabajadores de plataformas que se endeudaron con las empresas para las que prestan servicios creció un 122% durante el año 2025. Informes técnicos revelaron que, entre 2023 y 2024, ya se había registrado una expansión previa del 177% en este tipo de créditos. El saldo promedio de deuda para los trabajadores independientes bajo esta modalidad se situó en torno a los $900.000 hacia finales de 2025.
El sistema de otorgamiento de estos préstamos utiliza un esquema de scoring alternativo basado en la información financiera y operativa que las aplicaciones acumulan sobre cada repartidor. Para determinar la elegibilidad de un crédito, las empresas analizan métricas de desempeño que incluyen la antigüedad en la plataforma, la tasa de aceptación de pedidos y la calificación otorgada por los usuarios. Los fondos suelen destinarse a la adquisición o reparación de las herramientas de trabajo, tales como motocicletas o bicicletas.
Propuestas legislativas
Una de las particularidades de este financiamiento es la modalidad de pago, ya que las cuotas se descuentan de forma automática de las comisiones que el repartidor percibe por cada pedido completado. Además, se señala que la mora en estos créditos asciende al 11,7%.
Ante esta situación, Recalde planteó la necesidad de una intervención legislativa para establecer protecciones básicas. El senador afirmó que es «urgente que el Congreso de la Nación ratifique el convenio 193 de la OIT, que establece pisos mínimos de protección para los trabajadores de plataformas».
