POLÍTICA

Cristina Kirchner en la mira de la Justicia: piden investigar las salidas de su departamento

 

El juez Rodrigo Giménez Uriburu pidió un informe sobre los movimientos de la expresidenta dentro del edificio donde cumple prisión domiciliaria y busca determinar si tuvo acceso al departamento del piso inferior.

 
Cristina Kirchner

La Justicia Federal volvió a poner el foco sobre la situación de Cristina Kirchner, luego de que se conociera que una sindicalista vinculada a La Cámpora adquirió la propiedad ubicada debajo del departamento que ocupa la exvicepresidenta en San José 1111.

El magistrado del Tribunal Oral Federal N° 2, encargado durante este año del control de la prisión domiciliaria, solicitó información a la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (DAPVE) para conocer con precisión los desplazamientos registrados dentro del edificio.

El pedido de información sobre los movimientos

En concreto, Giménez Uriburu busca establecer si Cristina Kirchner salió de su departamento para utilizar la terraza en oportunidades que no hayan quedado consignadas en los informes mensuales. Para eso, pidió que se detallen las fechas y los horarios de cada movimiento registrado.

La expresidenta tiene autorización para acceder a la terraza una vez por día, entre las 6 y las 20, durante un máximo de dos horas. Ahora, el tribunal también pretende conocer el alcance técnico de la vigilancia electrónica para determinar con precisión las posiciones registradas por la tobillera.

El pedido adquiere relevancia a partir de la compra del departamento del primer piso por parte de María Soledad Calle, una sindicalista vinculada a La Cámpora y a la Unión de Seccionales Metalúrgicas (USEM). La operación generó interrogantes sobre el eventual uso de esa propiedad.

Investigan la compra del departamento

Giménez Uriburu envió un oficio al juez federal Julián Ercolini para conocer el estado de la causa en la que se encuentra investigada Calle junto con Abel Furlán, extitular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

En ese expediente se analiza un contrato firmado en 2023 que permitió a USEM administrar una parte de los aportes de los trabajadores de la UOM. Según la información difundida, la empresa habría recibido el 0,5% del total de esos aportes.

A partir de la compra del inmueble, dirigentes opositores a Furlán solicitaron que se profundice la investigación sobre el origen de los fondos utilizados para adquirirlo. También reclamaron que se analice la posibilidad de que el dinero pudiera estar relacionado con las maniobras investigadas en el gremio.

Ahora, la Justicia deberá esperar los informes del organismo encargado de la vigilancia electrónica para determinar qué movimientos realizó Cristina Kirchner dentro del edificio. El objetivo será establecer si sus desplazamientos se limitaron a los espacios autorizados o si existen registros que requieran nuevas explicaciones.