Los diputados nacionales Nicolás del Caño, Myriam Bregman, Romina del Plá y Néstor Pitrola, del Frente de Izquierda, presentaron un proyecto de resolución para citar a la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, a la Cámara de Diputados. El objetivo es que brinde explicaciones sobre el operativo desplegado en las inmediaciones del Congreso de la Nación durante la manifestación contra el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
La iniciativa apunta especialmente a determinar quién era el efectivo de civil que fue registrado en fotografías y videos con un arma larga durante la jornada del 6 de agosto y cuál era su función dentro del dispositivo de seguridad. “Presentamos junto a Myriam Bregman un pedido de interpelación a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, por la represión del 6 de agosto frente al Congreso”, señaló Del Caño en X.
El diputado agregó: “Queremos que la ministra explique quién era el policía de civil que disparó con arma larga a los manifestantes, quién ordenó su actuación, cuál fue la cadena de mando del operativo”. En ese sentido, Del Caño sostuvo que el pedido busca determinar las responsabilidades políticas detrás del operativo. “No alcanza con mirar imágenes: queremos saber quiénes son los responsables políticos”, afirmó.
Qué le piden explicar a Monteoliva
El proyecto solicita que Monteoliva informe si la persona registrada en las imágenes, vestida de civil y portando un arma larga, pertenece a la Policía Federal Argentina (PFA). En caso afirmativo, deberá precisar su identidad, jerarquía, dependencia y función asignada durante el operativo. Además, los legisladores piden que se informe si el efectivo señalado corresponde al comisario inspector Gustavo Antonio Gauna, identificado de esa manera por distintas fuentes periodísticas a partir de comparaciones con registros públicos de la PFA.
También reclaman conocer si Gauna estuvo presente durante el operativo, qué misión tenía asignada, quién dispuso su participación y si contaba con funciones de conducción, supervisión o intervención directa. Otro de los puntos está relacionado con las órdenes de servicio, los protocolos y las reglas de uso de la fuerza vigentes para el personal policial que participó del operativo.
En particular, solicitan saber si el efectivo registrado con el arma larga estaba autorizado a utilizarla en esas circunstancias. El pedido también requiere información sobre el tipo de arma y munición utilizada, la división a la que pertenecía el agente y la autorización correspondiente.
El proyecto también apunta a la cadena de mando
Entre los 13 puntos incluidos en la iniciativa aparece además el pedido para identificar a las autoridades políticas y policiales responsables de la planificación, coordinación y dirección del operativo. Los diputados quieren conocer la cadena de mando y saber si durante la jornada funcionó algún tipo de comando unificado entre las fuerzas de seguridad federales y locales.
A su vez, solicitaron información sobre los funcionarios de las fuerzas de seguridad, del Poder Ejecutivo Nacional y del Gobierno porteño que estuvieron presentes en la sala de situación desde donde se dirigió el dispositivo. Otro de los puntos plantea la necesidad de preservar los registros audiovisuales, fotográficos, radiales y de comunicaciones correspondientes al operativo, incluyendo cámaras corporales, cámaras de seguridad y comunicaciones de las fuerzas intervinientes.
La actuación del policía de civil quedó bajo la lupa
La presencia de un efectivo vestido de civil y armado durante la manifestación ya había generado cuestionamientos de distintos sectores políticos y derivó en pedidos para determinar su identidad y establecer bajo qué órdenes actuó. En ese contexto, Del Caño planteó que la interpelación de Monteoliva permitirá avanzar sobre las responsabilidades dentro de la estructura de seguridad desplegada durante la protesta.
Finalmente, el proyecto consulta si se realizaron controles toxicológicos a los integrantes de las fuerzas federales que participaron del operativo de los días 6 y 7 de agosto y, en caso afirmativo, cuáles fueron sus resultados. El pedido deberá continuar ahora su trámite parlamentario para determinar si la ministra de Seguridad es convocada a Diputados para responder las preguntas planteadas por los legisladores.
