Con el objetivo de neutralizar los juicios millonarios que se tramitan en la Justicia de Nueva York por la empresa estatal YPF, el Gobierno de Javier Milei comenzó las gestiones para que Estados Unidos comience a investigar a la familia Esekanzi por su ingreso y administración de la petrolera de bandera.
Según consta en una nota de la agencia Noticias Argentinas, funcionarios de importancia del gobierno nacional son quienes mantuvieron reuniones con la administración de Donald Trump en busca de que el Departamento de Justicia estadounidense abra una causa penal centrada en la compra de acciones de la petrolera argentina.
La familia Eskenazi y el Grupo Petersen son quienes quedaron en la mira del Gobierno de Milei, que lo que busca es poder esclarecer cómo fue la participación, gestión y posterior salida de la petrolera estatal YPF de ambos grupos empresarios.
¿Hubo corrupción de Eskeanzi durante el kirchnerismo?
Lo que también quiere revelar esta acción jurídica del gobierno nacional con la Justicia de EE.UU. es determinar si existieron irregularidades o hechos de corrupción en la compra del 25% de las acciones de YPF por parte de la familia Eskenazi durante la etapa donde gobernó el kirchnerismo.
Al parecer, esta estrategia del gobierno libertario esconde otro objetivo más, que tiene que ver con congelar o anular las multimillonarias demandas civiles que caen sobre la Argentina por YPF en los tribunales de la ciudad de Nueva York, donde se dirimen legalmente estos reclamos.
Claro está esto se conoce luego de que la Cámara de Apelaciones de Nueva York revocara -meses atrás- una condena que obligaba al gobierno argentino a pagar una suma superior a los US$16.000 millones por la estatización de la petrolera, situación que fue celebrada tanto por el oficialismo como por la oposición.
La denuncia de vaciamiento que enfrentó Eskenazi por YPF
En el año 2013, el grupo empresarial que lidera Enrique Eskenazi enfrentó una denuncia por un presunto vaciamiento de la petrolera YPF entre los años 2008 y 2012, donde al frente del país estaba la expresidente, Cristina Fernández de Kirchner.
Según lo informado en su momento, la ONG denunciante, Contadores Forenses, los accionistas y representantes de Repsol-YPF se llevaron más de lo que le hicieron ganar a la compañía de bandera nacional. Además, señalaron que, los dividendos estuvieron “por encima del máximo permitido por la Ley de Sociedades Comerciales”.
