La presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, participó de una serie de reuniones con los ministros provinciales y funcionarios nacionales vinculados a las carteras de Salud para alcanzar un consenso respecto al proyecto de reforma a la Ley de Salud Mental. La iniciativa oficialista contempla cambios como la autorización de internaciones «involuntarias» y la incorporación de las adicciones a las drogas a la lista de enfermedades mentales.
Bullrich vuelve a encabezar reuniones clave
De la reunión virtual participaron la presidenta de la comisión de Salud del Senado, Ivanna Marcela Arrascaeta, y los ministros de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Mendoza, Chubut, Chaco y Jujuy. La ex ministra de seguridad sostuvo que la legislación actual presenta «dificultades concretas para intervenir de forma temprana ante situaciones graves». «La salud mental no puede estar esperando», sentenció.
Bullrich continuará las negociaciones el martes 25 a través de dos tandas de reuniones. Por la mañana dialogará con los ministros de San Luis, San Juan, Neuquén, Misiones, Salta, Tucumán, Santa Cruz y Río Negro; y por la tarde repetirá la metodología con los funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Formosa, Santiago del Estero, La Pampa, Córdoba, Catamarca y La Rioja.
¿Qué dice la nueva ley?
Durante su exposición, Bullrich sostuvo que el objetivo de la reforma es «dar herramientas reales a las familias, fortalecer el trabajo interdisciplinario y permitir que el sistema pueda actuar antes de que las situaciones desemboquen en tragedias». Entre los cambios propuestos por La Libertad Avanza se destacan las internaciones involuntarias, las cuales deberán requerir la firma de dos profesionales, de los cuales uno deberá ser médico, en lo posible psiquiatra.
Estas serán aplicables ante «riesgo grave de daño para la vida o integridad física propia o de terceros«; en el proyecto además se agrega un plan de egreso que comenzará a definirse desde el diagnóstico, como requisito para la internación, hasta la notificación al representante legal para coordinar las acciones y condiciones del egreso.
En el proyecto se incluirá también un artículo específico sobre el consumo problemático de sustancia por parte de menores, este establecerá que deberán ser atendido por equipos con formación infanto-juvenil. El oficialismo analiza también mantener la prohibición de la creación de manicomios y la internación crónica por problemas de salud mental, a la vez que se eliminarán los artículos referidos a la Ley 26.827 sobre Comité de Tortura.
