Agustín Rossi cuestionó al Gobierno de Javier Milei por el acuerdo con Starlink para llevar internet a 6.000 escuelas rurales y de zonas retiradas. El reclamo del diputado nacional busca conocer cómo se tomó la decisión de contratar a la empresa y por qué no se realizó un proceso competitivo para definir al prestador.
Más allá de poner en duda el proceso, Rossi confirmó que presentó un proyecto junto con un pedido de acceso a la información pública. En ese marco, pidió conocer los criterios utilizados para seleccionar a la compañía, la forma en que se determinaron los costos y la participación que tuvo ARSAT.
Rossi puso el foco en la falta de competencia
El proyecto de resolución presentado por Rossi solicita al Poder Ejecutivo que entregue información detallada sobre el programa de Conectividad Satelital en Establecimientos Educativos de Gestión Pública, aprobado por el ENACOM. La iniciativa contempla la instalación de 6.000 kits y el servicio de internet satelital durante 24 meses, con un monto total previsto de USD 21.876.000.
Uno de los principales cuestionamientos apunta al mecanismo utilizado para seleccionar a Starlink. El legislador pide que se informe bajo qué modalidad se adjudicó el proyecto y si existió algún procedimiento que garantizara publicidad, igualdad entre oferentes y libre competencia.
El planteo también busca determinar si antes de avanzar con el acuerdo se analizaron otras alternativas tecnológicas y otros prestadores. Entre ellas, el proyecto menciona a ARSAT, otros operadores satelitales, soluciones de fibra óptica, prestadores regionales y cooperativas.
El costo del programa y el rol de ARSAT
Otro eje del pedido de Rossi está relacionado con los recursos destinados al proyecto. El diputado solicita que el Gobierno detalle los conceptos incluidos en los USD 11.898.000 asignados para instalación de equipos, gestión del servicio, atención técnica, plataforma de monitoreo y continuidad del servicio durante 12 meses.
Según los fundamentos del proyecto, ese monto representa una parte significativa del costo total y no cuenta con una desagregación que permita conocer el precio individual de cada prestación. Rossi también reclama información sobre la participación de ARSAT y las razones por las que no ha intervenido.
El Gobierno anunció la firma de un acuerdo con Starlink para conectar 6.000 escuelas.
— Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) September 9, 2026
Hace semanas presentamos un proyecto y una pedido de acceso a la información pública para saber cómo se tomó esta decisión, por qué se eligió directamente a una empresa sin un proceso… https://t.co/rWzrFz9Hd7
Qué pasará cuando termine el acuerdo
El proyecto también pone la lupa sobre el futuro de los equipos y del servicio una vez finalizado el programa. Rossi busca saber quién será el propietario de los kits, si podrán utilizarse con otros prestadores y quién deberá asumir el costo de la conectividad después de los 24 meses.
“¿Quién se queda con los equipos? ¿Quién va a pagar el servicio después?”, cuestionó el diputado, quien aclaró que no rechaza la necesidad de llevar internet a las escuelas. “Conectar nuestras escuelas es necesario. Hacerlo con transparencia, competencia y planificación estatal, también”, sostuvo.
En los fundamentos, Rossi remarcó que ampliar la conectividad educativa es una política necesaria para reducir las brechas entre escuelas y garantizar igualdad de oportunidades. Sin embargo, sostuvo que una iniciativa de esta magnitud debe contar con información pública, planificación y controles que permitan conocer cómo se utilizarán los recursos.
