(BUENOS AIRES).- “Sobreprecios sistemáticos”, describió la auditoría interna de la ANDIS. Alejandro Vilches presentó a la Justicia federal informes sobre presuntas irregularidades y compras de insumos con precios de hasta 20 veces los del PAMI o el mercado durante la gestión de su antecesor, Diego Spagnuolo, meses antes de renunciar como interventor; los detalles se conocieron el 26 de septiembre de 2026.
Los reportes reservados fueron remitidos en octubre y diciembre de 2025 y abril de 2026, y el primero llegó a los tribunales el 30 de diciembre, en respuesta a un oficio que preguntaba si había una auditoría en curso. Alejandro Vilches presentó sus conclusiones ante el Juzgado Federal que investiga el presunto cobro de sobornos en la ANDIS. La documentación describió expedientes iniciados con facturas presentadas al cobro y “sin constancias de licitación, compulsa o contratación directa previa”; las compulsas abiertas tras la intervención exhibieron brechas de precios de hasta 838%.
La auditoría interna calificó como “irregularidades de gravedad” los problemas detectados en las contrataciones y describió “sobreprecios sistemáticos”, “ausencia de procedimientos administrativos adecuados”, además de “debilidades estructurales”, “falencias”, “demoras” y “problemas” en distintos circuitos de la agencia. Dos relevamientos sobre más de 500 expedientes identificaron a nueve proveedores que emitieron facturas por más de $25.661 millones. El listado incluye a Indecomm, Droguería Floresta, Neurosalud, Farma Salud SRL, Ortopedia Bernat SRL, Artrobone Ortopedia SA, Cirugía y Ortopedia Imnova SA, Bymax Medical SRL y Expo Trauma SA. Otra auditoría alertó sobre un desfasaje de $158.000 millones por deuda exigible no registrada en el área de Discapacidad.
Los casos que llegaron a la Justicia
Farma Salud le cobró $425 millones a la ANDIS por un sistema de válvulas bicaval transcatéter en julio de 2025, mientras que el PAMI había adjudicado a otra firma un sistema del mismo tipo por $124,2 millones en marzo de ese año. Otra comparación registró una endoprótesis facturada a la ANDIS por $369,8 millones, frente a $17,85 millones pagados por el PAMI, una diferencia de más de 19 veces. Una válvula pulmonar autoexpandible costó $295,1 millones en el área de Discapacidad, contra $36,4 millones en el organismo previsional.
Los productos ortopédicos también mostraron diferencias relevantes. Se detectaron sobreprecios de hasta 4239% en compras de andadores, sillas de ruedas y prótesis frente a referencias de mercado utilizadas por técnicos del Ministerio de Salud. Una silla de traslado postural facturada por Imnova en $18 millones tenía un valor de mercado de $945.000, una diferencia “equivalente a un 1.904%”. En una muestra de ocho sillas de Expo Trauma, las facturas sumaron $134 millones frente a una referencia de $11,27 millones; a Bymax le atribuyeron un sobreprecio consolidado de $84,1 millones.
El caso de Indecomm agregó un doble pago dentro de las seis facturas emitidas a la exANDIS en noviembre de 2025. Una de ellas fue abonada dos veces: el informe consignó que eran “Ambas por $28.700.000”. La intervención sostuvo que “este conjunto de pagos en un mismo expediente muestra la reiteración de adquisiciones a valores elevados y en plazos muy acotados”.
En paralelo, la Cámara Federal confirmó los procesamientos de Spagnuolo y otros 18 imputados por una presunta asociación ilícita; para el fiscal Franco Picardi, Spagnuolo sería el jefe de un esquema destinado a direccionar contrataciones mediante el pedido de coimas. Fuentes cercanas al exfuncionario negaron su responsabilidad y afirmaron: “No seleccionaba proveedores, no invitaba oferentes, no abría compulsas, no cargaba datos, no evaluaba precios, no adjudicaba órdenes de compra”.
Alejandro Vilches renunció a su cargo de interventor de la ANDIS en septiembre, con efecto inmediato, por motivos personales y en medio de recortes presupuestarios en el área de Discapacidad. En su lugar quedó Pablo Di Liscia, quien fue presidente del IOMA entre 2017 y 2019 y ocupó cargos en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Su gestión quedó planteada con el objetivo de mejorar el acceso a las prestaciones, fortalecer los controles y administrar los recursos públicos.
