(BUENOS AIRES).- La dirigencia de Deportivo Español prepara una denuncia penal contra Ricardo Caruso Lombardi por los delitos de usurpación, estafa, administración fraudulenta y asociación ilícita. El arma de la comisión actual es una auditoría interna encargada por la presidenta, María Sol Méndez, que habría detectado presuntas irregularidades en la concesión de dos canchas de césped sintético del club del Bajo Flores.
El contrato que no pasó por la Comisión Directiva
La auditoría estableció que Lombardi, exentrenador y exmanager de la institución, obtuvo de forma ilegítima la explotación de las dos canchas hasta 2036. El convenio fue firmado durante la gestión de Diego Elías y, según la denuncia, no tuvo la aprobación de la Comisión Directiva ni de la Asamblea, los órganos que debían autorizarlo.
El acuerdo además fijaba un pago simbólico de $1.000.000 anuales que el club asegura no haber percibido jamás. Mientras el dinero no llegaba, la concesión restringía el uso del predio para las divisiones inferiores, que quedaban con espacio limitado para entrenar y jugar en su propia sede.
Según la investigación interna, el mecanismo funcionó a través de Uriel Videtta y de Zoe Capital, la firma de Leonardo Cositorto. El vínculo entre la empresa y el club derivó después en un cruce público entre la propia Méndez y Cositorto, en plena escalada del conflicto por la denuncia contra el exentrenador.
Otro capítulo delicado del expediente es la denuncia por amenazas. Según expresó la dirigencia, Lombardi amenazó a los dirigentes con «matarlos» mediáticamente en TN Deportivo y en el canal de streaming Aura si mantenían la revocación del acuerdo. Ese episodio podría incorporarse a la causa como una posible extorsión, un delito que la acción penal de la comisión también abarca.
La clausura del buffet irregular
La concesión dejó además un buffet construido dentro del predio sin las autorizaciones correspondientes. Los concesionarios subalquilaron un espacio del club para levantar el local, en violación de las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de la legislación nacional aplicable.
La obra funcionó sin habilitación operativa ni permisos de las autoridades locales. La Agencia Gubernamental de Control aplicó varias sanciones previas y, ante la persistencia de la irregularidad, ordenó la clausura definitiva del local gastronómico.
Un antecedente que agrava la causa
El expediente penal suma un dato que le da más gravedad al cuadro: Deportivo Español carecía del permiso de uso sobre las tierras al momento de la firma del convenio. Según la denuncia, el uso ilegal de inmuebles públicos para beneficio privado encuadra en las penas del artículo 181 del Código Penal.
Con esos elementos, la comisión directiva apuntará a examinar la legitimidad de un contrato que le cedió a terceros el aprovechamiento de dos canchas del club hasta 2036. La denuncia penal se presentará en los próximos días, una vez completado el trabajo de la auditoría encargada por Méndez.
