(BUENOS AIRES).- Deportivo Español prepara una demanda penal contra Ricardo Caruso Lombardi por los delitos de usurpación, estafa, administración fraudulenta y asociación ilícita. La decisión de la dirigencia llegó después de que una auditoría interna encargada por la presidenta María Sol Méndez revelara que el exentrenador y exmanager del club habría obtenido de forma ilegítima la concesión de dos canchas de césped sintético hasta 2036.
Según el trabajo de auditoría, el mecanismo habría funcionado a través de Uriel Videtta y de Zoe Capital, la firma de Leonardo Cositorto. De esta manera, Lombardi y sus socios se habrían quedado con la explotación de las canchas del predio de Bajo Flores sin un respaldo institucional que avalara la operación.
El convenio fue firmado durante la gestión de Diego Elías y no tuvo la aprobación de la Comisión Directiva ni de la Asamblea, los dos órganos que debían autorizar un acuerdo de estas características. El club asegura que nunca percibió el pago simbólico de $1.000.000 anuales estipulado en el contrato y que, mientras duró la concesión, sufrió la restricción del uso del predio para las divisiones inferiores.
El capítulo más delicado de la denuncia aparece cuando la dirigencia decidió revocar el acuerdo. Según denunciaron desde la institución, Lombardi amenazó a los directivos con «matarlos» mediáticamente en TN Deportivo y en el canal de streaming Aura si mantenían la cancelación del contrato. Ese episodio, que la acción penal podría tratar como una posible extorsión contra la comisión actual, formará parte del expediente.
El buffet clausurado y el problema con las tierras
La gestión irregular también dejó consecuencias administrativas. Los concesionarios subalquilaron un espacio dentro del club para construir un buffet sin las autorizaciones correspondientes, en obras que vulneraron las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la legislación nacional aplicable. La Agencia Gubernamental de Control terminó clausurando de forma definitiva el local gastronómico, que funcionaba sin habilitación operativa ni permisos de las autoridades locales, después de aplicar varias sanciones previas.
El expediente penal suma además un dato de peso: Deportivo Español carecía del permiso de uso sobre las tierras al momento de la firma del convenio. Ese detalle agrava la situación, porque el uso ilegal de inmuebles públicos para beneficio privado encuadra en las penas del artículo 181 del Código Penal, la figura que castiga la usurpación.
La denuncia también alcanzará a la gestión anterior. El acuerdo se firmó sin el aval de los órganos institucionales del club, un punto que la investigación judicial deberá examinar para establecer qué responsabilidad le cabe a quienes lo impulsaron en su momento.
Con todos estos elementos, la dirigencia del club del Bajo Flores presentará la denuncia judicial en los próximos días. La investigación buscará establecer las responsabilidades de Lombardi y de los demás participantes del convenio, incluidos Uriel Videtta y la firma de Cositorto.
