(BUENOS AIRES).- “Hay una contradicción. No puede haber una intervención que sirva para algo desde el área penal, en un conflicto que es claramente laboral”. La frase es de Alejandro Crespo, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), tras conocerse que la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro ordenó la restitución de la planta de Fate en Virreyes, ocupada por sus empleados desde el 18 de febrero. El tribunal hizo lugar al recurso presentado por los propietarios de la empresa y dispuso el desalojo del predio, a siete meses del cierre que dejó 920 despidos.
El fallo se fundamentó en el vencimiento definitivo de los plazos de conciliación obligatoria, tanto en el fuero nacional como en el provincial, sin avances que permitieran destrabar el conflicto. Al resolver “ordenar la restitución del inmueble al particular damnificado”, los magistrados aclararon que la medida no sienta postura sobre el fondo de la cuestión laboral. La restitución debe concretarse “en base a protocolos y medidas de cuidado necesarias para que se lleve adelante con el menor riesgo posible para las personas”, señalaron los jueces.
La decisión se apoyó además en datos sobre la situación de los ocupantes: según la constancia contable citada en la notificación a Crespo, “en el periodo comprendido entre febrero y mayo se registraron y realizaron 900 bajas tempranas informadas ante ARCA, llevando a cero la dotación de personal en relación de dependencia a la fecha de la presente”. La representación legal de Fate aportó esas certificaciones, que dejaron en 196 los ex empleados que rechazaron el acuerdo y quedaron formalmente despedidos. El tribunal también tuvo en cuenta que hay 24 personas imputadas por la ocupación y evaluó que “las instancias que pudieron articularse durante este tiempo ya han sido gestionadas”, por lo que la continuidad de la toma perdió la virtud de convertirse en el motor de una reapertura de la fábrica.
El SUTNA calificó la medida de “aberrante”, sostuvo que la firma mantiene un lockout patronal y convocó a un abrazo simbólico y una conferencia de prensa a las 10 en los portones del predio. Crespo confirmó que apelarán la resolución para evitar que quede firme. Ante la posibilidad de que el desalojo se ejecute con fuerzas de seguridad, la conducción gremial pidió el respaldo de la CGT, un llamado que sumó el apoyo de la CTA Autónoma, ATE y dirigentes del Partido Obrero y del PTS.
El conflicto por el cierre
El 18 de febrero pasado la empresa comunicó el cese definitivo de las actividades en su planta industrial de Virreyes, con el despido de 920 trabajadores. La firma justificó la decisión por los “cambios en las condiciones del mercado” derivados de la apertura comercial y la competencia de neumáticos importados desde China, y ratificó que el cese respondió a la falta de competitividad, los altos costos locales, la caída de las ventas y las interrupciones de producción por paros y bloqueos. Crespo recordó los antecedentes judiciales a favor del gremio: en marzo la misma Sala II había revocado un desalojo dictado en primera instancia por entender que la disputa tenía dimensión laboral, la Cámara de Casación había encuadrado las medidas en el derecho a huelga y, en el fuero laboral, el juzgado ordenó liquidar las quincenas adeudadas.
“Somos rehenes de una pelea entre los que defienden el aperturismo y los que defienden el proteccionismo. Pero acá hay un montón de familias que no tienen nada que ver y están sufriendo las consecuencias”, sostuvo Crespo, en referencia a lo que considera una disputa entre el Gobierno y Aluar —empresa bajo la misma administración que Fate— por el mercado del aluminio. “Hace siete meses que los trabajadores estamos dentro de la planta, cuidando nuestros puestos de trabajo y cuidando también a la única productora de cubiertas para camiones y colectivos del país”, agregó. En paralelo al cierre, la compañía vendió 12,7 hectáreas del predio a Aluar por US$27.000.000, un espacio que la productora de aluminio ya usaba como inquilina.
El caso se inscribe en una crisis general del rubro: Fate había presentado su último Proceso Preventivo de Crisis en junio de 2024, tras otro en marzo de 2019 del que no se recuperó, mientras Pirelli aplicó retiros voluntarios y Bridgestone tramitó su propio procedimiento preventivo. Javier Madanes Quintanilla reorientó sus negocios hacia la energía, con parques eólicos, la concesión de la central hidroeléctrica Futaleufú y la producción de aluminio. La empresa, que construyó el complejo de San Fernando en 1960 y fabricó en 1969 el primer neumático radial del país, espera ahora la resolución de la apelación del gremio.
