(BUENOS AIRES).- Elba Marcovecchio le pediría una medida cautelar al juez Hagopian y al Juzgado 106 para impedir que Ana Rosenfeld hable públicamente sobre el conflicto, una novedad difundida como la información central del día.
El planteo buscaría aplicar un bozal legal a Rosenfeld, en medio de la disputa entre las abogadas y después de una advertencia judicial para que las partes dejaran de hablar en los medios.
El eventual pedido buscaría que Rosenfeld deje de hablar, o que no pueda hacerlo, sobre el expediente y sus derivaciones mediáticas. La solicitud estaría dirigida al juez Hagopian y al Juzgado 106, pero todavía no implica que exista una orden concedida. La novedad fue presentada como una primicia surgida después del programa de Mirtha y que, hasta el momento de la emisión, no se había dado a conocer.
El juez del caso había advertido la semana pasada que las partes debían dejar de hablar en los medios. “O paran de hablar o acá vamos a tener que meter un tutor”, dijo el magistrado en esa advertencia. A las 24 horas, las partes se sentaron con Mirta, aunque se aclaró que el encuentro no llegó a concretarse porque estaba grabado.
Martín leyó el viernes, en vivo, el escrito vinculado con el pedido de Elba Marcovecchio mientras la mesa grababa a las 3 de la tarde. El relato difundido sostiene que Rosenfeld recibía en su teléfono información sobre lo que ocurría en el estudio. La lectura ocurrió mientras se desarrollaba la emisión y, de acuerdo con esa reconstrucción, la abogada recibía las novedades en tiempo real.
La diferencia sobre el alcance del pedido quedó expuesta durante el intercambio. Una interpretación sostuvo que Elba Marcovecchio estaba planteando que ambas partes dejaran de hablar; otra señaló que no había autoprohibición para ella, sino un pedido dirigido contra Ana Rosenfeld. Esa segunda lectura entendió que, si la otra parte no hablara, Elba tampoco tendría que responder públicamente. El punto en discusión fue si la cautelar alcanzaría a las dos abogadas o solamente a Rosenfeld.
El expediente también quedó ligado al debate sobre la reserva de las cuestiones familiares. Durante la discusión se sostuvo que esos asuntos deben tramitarse de manera reservada, sobre todo cuando hay menores, y que no corresponde ventilarlos en los medios. La reconstrucción presentada indicó que el expediente había comenzado con una solicitud de reserva y que Wanda habría sido la primera en exponer ese contenido en una nota con Susana Jiménez. Ese episodio fue vinculado con la conducta posterior de Wanda y con una sanción.
El último gran conflicto del caso fue ubicado a partir del robo de los pasaportes en Italia. Desde entonces, la situación de Wanda y Mauro habría pasado a dominio público. En otra referencia temporal, para el 1 de julio no se había decretado una prohibición de salida del país, aunque circulaba una publicación que sugería lo contrario. La medida queda, por ahora, como un pedido cautelar formulado por Elba Marcovecchio y pendiente de una decisión del Juzgado 106.
