“Es falso lo que dice la jueza”: Luis Petri defendió el Régimen Penal Juvenil

Luis Petri defendió el nuevo Régimen Penal Juvenil y cuestionó la decisión de la Justicia bonaerense de suspender su aplicación durante 60 días. El diputado nacional de La Libertad Avanza sostuvo que el Estado cuenta con establecimientos diferenciados y recursos para poner en funcionamiento la normativa.

Petri cuestionó la suspensión del Régimen Penal Juvenil

En diálogo con Infobae en Vivo, el exministro de Defensa rechazó el argumento utilizado por la jueza Marta Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal N° 2 de Lomas de Zamora, para suspender cautelarmente la aplicación del nuevo régimen en la Provincia de Buenos Aires.

“Es falso lo que dice la jueza y es falso que no esté en condiciones el Estado para dar cumplimiento con la ley”, afirmó Petri, quien sostuvo que las provincias no parten de cero para implementar el sistema. Según explicó el diputado, bajo el régimen anterior ya existían establecimientos diferenciados para adolescentes que cometían delitos. Si bien reconoció que esas estructuras necesitan mejoras, negó que no exista capacidad instalada para aplicar la nueva normativa.

Petri también defendió el plazo de 180 días que transcurrió desde la publicación de la ley hasta su entrada en vigencia. “Hay provincias que están lógicamente más preparadas, que cuentan con los establecimientos que hicieron los deberes, y hay provincias que no hicieron los deberes”, sostuvo.

El presupuesto y la aplicación de la nueva ley

Durante la entrevista también fue consultado por los recursos destinados a la implementación del Régimen Penal Juvenil. El presupuesto mencionado ascendía a $23.739 millones, con aportes del Ministerio de Justicia y fondos de la Defensoría General de la Nación. Ante la pregunta sobre si esos recursos habían sido ejecutados, Petri respondió: “Sí, claro”. Sin embargo, no precisó qué porcentaje había sido utilizado ni detalló el destino de los fondos durante la entrevista.

El legislador defendió además el espíritu de la nueva normativa y sostuvo que la discusión no debe limitarse a la edad de imputabilidad. Según planteó, el régimen contempla una Justicia especializada, establecimientos específicos y sanciones alternativas a la prisión.

“La prisión es la última ratio”, afirmó Petri, al señalar que la privación de la libertad debe quedar reservada para delitos graves y violentos. En esa línea, sostuvo que la ley contempla medidas reparadoras y restaurativas antes de llegar a una pena de prisión.

El diputado también planteó que la intervención estatal debe comenzar antes de que un adolescente cometa un delito. “Cuando deserta del colegio, ahí hay que ir a buscarlo y ver qué pasa en esa familia”, sostuvo, aunque aclaró que abandonar la escuela no significa necesariamente que el joven vaya a delinquir.

Finalmente, Petri remarcó que las diferencias de infraestructura entre las provincias no deberían impedir la aplicación de una ley nacional. Su argumento fue que una jurisdicción que no haya completado las adecuaciones necesarias no puede convertirse en un obstáculo para la implementación del régimen en todo el país.