La senadora bonaerense de La Libertad Avanza, Florencia Arietto, responsabilizó al gobernador Axel Kicillof por la suspensión del Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires. Arietto afirmó que «todo es responsabilidad de los gobiernos peronistas». Además, acusó a la gestión de «proteger a los delincuentes» tras la cautelar de la jueza Marta Pascual que frenó la ley.
Cuestionamientos a la gestión peronista
Arietto responsabilizó al peronismo por la inseguridad en la provincia y cuestionó la postura de las autoridades frente al delito. «Los funcionarios de la provincia de Buenos Aires tomaron la decisión de proteger y victimizar a los delincuentes«, afirmó. En esa línea, agregó: «Todo lo que pasa en el territorio es responsabilidad de todos los gobiernos peronistas que fueron administrando la provincia y la convirtieron en un territorio tomado por la delincuencia».
Asimismo, la senadora Arietto afirmó que el Poder Judicial bonaerense es reflejo de una Legislatura dominada por el oficialismo. «No sale en la tapa de ningún diario ni está en todos los medios porque la provincia de Buenos Aires pone billones en pauta«, denunció. En relación con los menores imputables, Arietto aseveró que «los menores cuando salen a robar o a matar saben lo que hacen» y concluyó que «la única manera de empezar a ordenar un poco es con mano durísima».
La decisión de la jueza Marta Pascual
La controversia se inició luego de que la jueza de Lomas de Zamora, Marta Elba Pascual, dictara la suspensión por 60 días de la Ley 27.801 tras un hábeas corpus presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo. La magistrada sostuvo que la provincia no cuenta con la infraestructura ni los recursos necesarios para alojar a menores de 14 años.
El fallo provocó inmediatas reacciones políticas. Desde La Libertad Avanza bonaerense, Sebastián Pareja anunció que solicitarán el juicio político de la jueza Pascual por considerarla «peón» de Kicillof. A su vez, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la senadora Patricia Bullrich, entre otros, recriminaron el silencio del gobernador. Por su parte, el ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso, replicó que no hay financiamiento ni infraestructura estatal para su aplicación.
No sirve la justicia restaurativa en un contexto de crimen organizado, con el Estado provincial y gobiernos municipales siendo cómplices.#inseguridad #conurbano pic.twitter.com/l0Kx2ia07P
— María Florencia Arietto ?? (@florenciarietto) September 10, 2026
