La causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que involucra al exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, a su expareja Jesica Cirio y a la modelo Sofía Clérici dio un giro decisivo. El nuevo juez federal, Juan Tomás Rodríguez Ponte, asumió formalmente el expediente y dispuso al menos 29 nuevas medidas de prueba. La decisión respondió a los constantes reclamos formulados por los fiscales Sergio Mola y Diego Velasco, acompañados por la querella de la Fundación Poder Ciudadano.
A diferencia del criterio del juez anterior, Luis Armela, Rodríguez Ponte resolvió hacer lugar a la ampliación del período de investigación a partir de 2009. De esta manera, la Justicia busca reconstruir la trazabilidad patrimonial de los imputados, investigar la administración de activos mediante presuntos testaferros y profundizar los posibles vínculos de la actividad política con el sector de los juegos de azar.
Cuentas bancarias, rastreo de celulares y el peritaje al escribano
Entre las principales disposiciones, el magistrado solicitó al sistema financiero de Uruguay la remisión de información sobre los movimientos de dos cuentas bancarias desde el momento de su apertura. Asimismo, ordenó reconstruir las llamadas, mensajes de texto y tráfico de datos en redes 3G, 4G y 5G de más de 100 líneas telefónicas pertenecientes a los imputados, familiares directos y titulares de empresas involucradas.
Este entrecruzamiento de antenas y celdas telefónicas permitirá elaborar un mapa geográfico para verificar la autenticidad de un documento presentado por Insaurralde en 2023. En ese escrito firmado ante escribano público, el exfuncionario intentó justificar su patrimonio alegando que Cirio le había otorgado un préstamo de 250.000 dólares. El rastreo tecnológico determinará si ambos imputados estuvieron realmente presentes en el mismo lugar con el escribano o si se trató de una simulación. A su vez, se encomendó a la UIF fiscalizar si el profesional cumplió con las normas antilavado.
Peritajes a videos con dinero e informes solicitados al RENAPER y la ANSES
Por otro lado, el juzgado puso el foco en la evidencia digital incorporada a la causa, que incluye archivos y videos aportados en un pendrive donde se observa a personas manipulando fajos de dólares en una vivienda de Fincas de San Vicente. Rodríguez Ponte citó a declarar a los denunciantes y encomendó peritajes oficiales a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DATIP) para verificar la autenticidad del material e identificar a los presentes.
Finalmente, la resolución exigió al RENAPER, la ANSES y la Superintendencia de Seguros de la Nación informes sobre antecedentes documentales, nóminas salariales y pólizas de seguro contratadas. También se requirieron datos sobre studs de caballos en hipódromos, legajos de cuatro vehículos, un departamento en Lomas de Zamora y la totalidad de los bienes no declarados.
