(BUENOS AIRES).- “Un hito en la recuperación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y un avance legal sin precedentes en la historia de nuestro país”, definió el Gobierno Nacional al presentar la iniciativa impulsada por Javier Milei. El miércoles 30 de septiembre, la Cámara de Diputados comenzará a debatir el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional sobre las Islas Malvinas. El oficialismo busca un tratamiento veloz y prevé llevarlo al recinto el 7 de octubre.
El proyecto ingresó a la Cámara baja el 17 de septiembre. Javier Milei lo había presentado a comienzos de ese mes durante una cadena nacional, acompañado por todo su Gabinete. Martín Menem diagramó el cronograma el viernes 25 de septiembre: la primera reunión del plenario será informativa, tendrá expositores invitados y no incluirá la firma de dictámenes.
Las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto están presididas por los libertarios Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán, respectivamente, por lo que el oficialismo controla la conducción del debate.
Los cambios que propone el proyecto
La iniciativa ratifica que las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, junto con los espacios marítimos e insulares correspondientes, integran el territorio nacional. También fija como objetivo permanente su recuperación y el ejercicio pleno de la soberanía. Los fundamentos oficiales sostienen que busca “castigar a quienes explotan nuestros recursos naturales de forma ilegítima; generar los incentivos necesarios para que los involucrados cesen en dicha conducta; y dotar al Estado Nacional de las herramientas indispensables para protegerse frente a amenazas externas”.
La propuesta deroga la Ley 26.659 y amplía las sanciones a la explotación no autorizada de recursos naturales renovables y no renovables. El régimen prevé penas de hasta 20 años de prisión para quienes exploten o cooperen con la explotación de recursos en las Islas Malvinas y los espacios circundantes. Para quienes provean bienes o servicios esenciales a sabiendas, establece penas de cinco a siete años, multas de entre 20.000 y 100.000 barriles de petróleo e inhabilitación especial.
Los sancionados no podrán desarrollar actividades económicas en el país, perderán exenciones impositivas o previsionales, tendrán revocadas sus habilitaciones y deberán rescindir contratos ejecutados total o parcialmente en la Argentina. El texto también crea un registro público de infractores, impide contratar con sus inscriptos, incorpora el juicio en ausencia y fija límites a los aportes de extranjeros sin residencia permanente y de personas jurídicas extranjeras a partidos y campañas políticas.
El Consejo de Seguridad Nacional será encabezado por el Presidente de la Nación e integrado por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica. El organismo coordinará áreas diplomáticas, económicas, militares, jurídicas, cibernéticas y de inteligencia, además de intervenir en la protección de infraestructuras críticas. Ante una amenaza grave e inminente, podrá restringir operaciones cambiarias y financieras, bloquear fondos y activos y suspender autorizaciones o contrataciones. Como último recurso, el proyecto contempla el derribo de aeronaves y el hundimiento de buques considerados hostiles.
El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal cuestionó la amplitud de algunas disposiciones y advirtió que “la prevención de injerencias extranjeras no puede traducirse en disposiciones cuya amplitud afecte la libertad de expresión, la circulación de información o la participación en el debate público”. Juan Marino calificó la iniciativa como un “caballo de Troya” y cuestionó el funcionamiento previsto para el registro de personas y entidades vinculadas al terrorismo y su financiamiento. El martes 6 de octubre, La Libertad Avanza buscará cerrar el debate y firmar los dictámenes; para el miércoles 7 prevé una sesión especial que solicitará Gabriel Bornoroni.
