(BUENOS AIRES).- “Las Malvinas son argentinas por historia y por derecho, no hay discusión al respecto”, dijo el presidente Javier Milei durante la cadena nacional del 3 de septiembre de 2026. Javier Milei anunció el envío al Congreso de un paquete de proyectos para resguardar la soberanía sobre las Islas Malvinas, construir una base naval en Tierra del Fuego y endurecer las sanciones a empresas extranjeras que operan en el territorio. El mandatario estuvo acompañado por todo su Gabinete.
El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional modificará la Ley N° 26.659 y creará un Consejo de Seguridad Nacional para definir la política de seguridad nacional y aplicarla de manera transversal. Javier Milei explicó que “Eso exige leyes adecuadas, organismos del Estado coordinados y herramientas efectivas para avanzar en un objetivo que trasciende a cualquier gobierno”. La iniciativa también establecerá un régimen de protección de infraestructuras críticas y un marco de protección aeroespacial y marítima.
El decreto reglamentario anunciado por Javier Milei instruye a los organismos estatales a enviar a Cancillería la información sobre incumplimientos legales para que pueda impulsar sanciones. “Instruir a enviar la información de los distintos organismos del Estado que tomen conocimiento de los incumplimientos legales a Cancillería para que pueda impulsar las sanciones.” El mandatario también incluyó la orden de “Reglar el procedimiento para darle mayor coordinación y celeridad.” El texto incorpora declaraciones juradas en los trámites hidrocarburíferos y el RIGI para asegurar el cumplimiento de la ley.
Argentina apunta a castigar la actividad cerca de las Islas
Milei presentó las medidas como una respuesta al avance del proyecto Sea Lion y al reclamo argentino por las islas. “Por eso, no alcanza con sostener nuestro reclamo: el Estado argentino tiene la obligación de utilizar todas las herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales disponibles para defender nuestra soberanía y nuestros recursos”, dijo. También sostuvo que “el proyecto Sea Lion implica algo especialmente grave que no había sucedido nunca: la extracción de un recurso no renovable que pertenece a los argentinos”.
El yacimiento Sea Lion es desarrollado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte, a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas. Navitas controla el 65% del proyecto y Rockhopper el 35%; la compañía británica descubrió el yacimiento en 2010. En diciembre de 2025, ambas empresas comunicaron la decisión final de inversión para la primera etapa, que prevé USD 1.800 millones, una producción estimada de 50.000 barriles diarios y el inicio de la extracción en 2028.
La Cancillería argentina ya envió cerca de 180 notas de desaliento a empresas y a más de 29 países involucrados en distintos proyectos en las islas. La Argentina rechazó el desarrollo de Sea Lion y citó las resoluciones 2065 y 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Rockhopper Exploration fue declarada clandestina e inhabilitada para operar en el país durante 20 años mediante la Resolución 133/2012, mientras que Navitas Petroleum recibió una sanción equivalente a través de la Resolución 240/2022.
La cuestión Malvinas había vuelto a la agenda el 31 de agosto de 2026, cuando Donald Trump fue consultado sobre una eventual revisión de la posición de Estados Unidos en la disputa de soberanía y dijo que revisa todas las posiciones. El Gobierno Nacional anunció ahora como próximos pasos el envío del paquete legislativo al Congreso y la aplicación de los mecanismos previstos para coordinar sanciones y controles sobre las actividades hidrocarburíferas vinculadas con las islas.
