(BUENOS AIRES).- “¿Vale hacer un juicio político por una sentencia? Yo creo que no”, dijo Patricia Bullrich al rechazar que las juezas Marta Pascual y Laura Beatriz De Marinis sean sometidas a un juicio político por sus fallos sobre el régimen penal juvenil. La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza volvió a diferenciarse del Gobierno y sostuvo que las decisiones deben revisarse en instancias judiciales superiores.
El rechazo fue pronunciado el 23 de septiembre durante un Congreso Anticorrupción realizado en el Automóvil Club Argentino y organizado por la asociación civil Río Paraná. Patricia Bullrich cuestionó los fallos de ambas juezas, pero afirmó: “Yo estoy totalmente en contra de las dos juezas que pararon el régimen penal juvenil. Totalmente en contra”. Luego agregó: “Yo no les hago un juicio político por eso”.
La senadora explicó que una sentencia se discute mediante la apelación y no mediante la destitución de quien la dicta. “¿Por qué? Porque es su sentencia. ¿Y qué pasó? La Cámara se lo revocó. Es decir que la segunda instancia le revocó la sentencia”, dijo. Sobre De Marinis, Patricia Bullrich señaló que debía esperarse la revisión de Casación y sostuvo: “Es una jueza que tiene que cumplir con la ley”.
Marta Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, había dispuesto una suspensión provisoria de 60 días para la aplicación de la ley en territorio bonaerense. La medida respondió a un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en favor de adolescentes privados de su libertad. Pascual no declaró inválida la Ley N° 27.801, sino que planteó si el Estado podía ampliar el universo de adolescentes sometidos al sistema penal sin crear las condiciones exigidas por los estándares constitucionales y convencionales. La Cámara revocó esa medida.
Laura Beatriz De Marinis, titular del Juzgado en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 3 de la Ciudad, declaró inconstitucional la reducción de la edad de punibilidad en un expediente puntual, sin suspender la vigencia general de la ley. El caso ocurrió el 10 de septiembre, cerca de las 06:00, cuando un hombre de 47 años fue abordado por cinco jóvenes que intentaron robarle; la víctima escapó, pidió ayuda a un policía y los presuntos involucrados fueron detenidos. La fiscalía calificó el hecho como robo simple en grado de tentativa y De Marinis resolvió sobreseer al adolescente de 14 años. La jueza consideró que la baja de la edad era regresiva y vulneraba tratados internacionales con jerarquía constitucional; además, describió la conducta como una tentativa “burda y torpe”.
CABA busca sancionar a las juezas
Jorge Macri anunció que pediría el juicio político contra De Marinis ante la Legislatura porteña. En un posteo, sostuvo: “Estos jueces garantistas defensores de delincuentes tienen que quedar en evidencia. Esta sentencia está manchada de sangre. Vamos a pedir inmediatamente juicio político”. Sebastián Pareja, presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, también respaldó un pedido contra Pascual y la calificó como “una jueza del poder, de la política bonaerense”. Dirigentes de La Libertad Avanza y de Pro habían impulsado acciones contra las magistradas.
El nuevo régimen penal juvenil aprobado por el Congreso redujo de 16 a 14 años la edad de imputabilidad y alcanza a adolescentes de 14 a 18 años. La reforma invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adecuar sus normas procesales y administrativas. El fallo de De Marinis está apelado y la revisión de Casación aparece como el próximo paso judicial, mientras que la postura de Patricia Bullrich se suma a sus críticas a los recortes en Discapacidad incluidos en el Presupuesto y a su planteo de que el Gobierno debe dar explicaciones sobre sus causas.
