La jueza federal María Servini decidió archivar la denuncia contra Marcela Pagano por presunto enriquecimiento ilícito, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles y supuestas omisiones en sus declaraciones juradas. La magistrada tomó la decisión por “imposibilidad de proceder”.
Quince diputados nacionales, entre ellos María Celeste Ponce, Carlos Zapata, María Soledad Mondaca, Jairo Guzmán, Sergio Figliuolo y Lilia Lemoine, habían presentado la denuncia. Los legisladores plantearon presuntas irregularidades patrimoniales y cuestionaron contrataciones relacionadas con el entorno de Pagano.
Los argumentos de la Fiscalía
El Ministerio Público Fiscal analizó las acusaciones y concluyó que no existían elementos suficientes para establecer una hipótesis delictiva concreta. El dictamen señaló que la presentación tampoco permitía orientar medidas de prueba específicas.
Uno de los principales puntos fue la evolución patrimonial de Pagano. La Fiscalía estableció que la diputada vendió un departamento ubicado en avenida San Juan el 22 de marzo de 2023 y compró otro inmueble en la calle Migueletes el 8 de agosto de ese mismo año.
Ambas operaciones ocurrieron antes del 10 de diciembre de 2023, cuando Pagano asumió como diputada nacional. Por ese motivo, el Ministerio Público consideró que esas transacciones no podían sustentar una investigación por enriquecimiento ilícito durante el ejercicio de la función pública.
Las otras acusaciones contra Pagano
La denuncia también señalaba que personas vinculadas comercialmente con Franco Agustín Bindi, pareja de Pagano, habían recibido contrataciones como personal parlamentario y luego habrían devuelto parte de sus remuneraciones. Sin embargo, la Fiscalía no encontró elementos que acreditaran esos supuestos reintegros.
Los denunciantes plantearon, además, una posible asociación ilícita y financiamiento extranjero a partir de presuntos vínculos con representantes de Venezuela, Irán y Rusia, además del expresidente boliviano Evo Morales. El Ministerio Público consideró que la presentación no describía una organización criminal, roles determinados ni un plan delictivo concreto.
En ese contexto, el representante del Ministerio Público sostuvo que avanzar con la investigación sin contar previamente con un hecho delictivo concreto implicaría una verdadera “excursión de pesca” y afectaría las garantías procesales. Finalmente, Servini hizo lugar al planteo fiscal y ordenó el archivo de las actuaciones en los términos del artículo 180 del Código Procesal Penal de la Nación.
Hermosa mañana, verdad? https://t.co/QHqnreQyCX
— Marcela Pagano (@Marcelampagano) September 11, 2026
