El Senado podría retomar esta semana el debate por la Ley de Biocombustibles, después de que el oficialismo suspendiera la sesión prevista para el jueves pasado por la falta de acuerdo con los bloques dialoguistas. Si bien todavía debe ser oficializado, el tratamiento del proyecto podría regresar al recinto el próximo jueves 17 de septiembre.
El principal obstáculo para La Libertad Avanza está en las diferencias sobre el nuevo esquema para las pymes de biodiésel no integradas. La presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, había avanzado en un principio de acuerdo con sectores dialoguistas, pero no logró cerrar las diferencias sobre los beneficios que mantienen estas empresas.
El Gobierno busca destrabar la Ley de Biocombustibles
El objetivo del oficialismo es superar las diferencias durante los próximos días e incorporar la reforma en la sesión del Senado. El tratamiento se daría junto con otros proyectos impulsados por el Gobierno, entre ellos la reforma del Banco Central y de Inocuencia Fiscal II.
La discusión sobre la Ley de Biocombustibles tiene como eje la modificación de la Ley 27.640, vigente hasta 2030, y plantea cambios en los porcentajes de corte obligatorio de combustibles de origen vegetal. El proyecto que cuenta con dictamen de mayoría propone avanzar hacia un esquema con mayor competencia entre los distintos productores.
Uno de los cambios centrales está relacionado con el bioetanol utilizado en las naftas, cuyo corte obligatorio pasaría del actual 12% al 15% dentro de un año. El proyecto también establece elevar hasta el 10% el corte obligatorio correspondiente al biodiésel.
La pelea por las pymes no integradas
Sin embargo, el aumento de los porcentajes de mezcla no es el principal punto de conflicto dentro de la Cámara Alta. La discusión se concentra en cómo se distribuirá el mercado y qué participación conservarán las pequeñas y medianas empresas frente a las grandes compañías integradas.
El dictamen contempla que las pymes no integradas de biodiésel mantengan una cuota protegida para abastecer el mercado interno. Ese mecanismo tendría una reducción progresiva hasta 2036, mientras que el volumen restante sería asignado mediante licitaciones abiertas.
Ese esquema genera preocupación entre empresas y representantes de provincias productoras, especialmente de Santa Fe, ante el riesgo de una mayor concentración del mercado. El planteo de los sectores críticos es que la apertura progresiva podría favorecer a las grandes plantas integradas vinculadas con grupos agroexportadores.
El oficialismo necesita asegurar los votos
Las diferencias también complicaron la estrategia parlamentaria de La Libertad Avanza. Varios senadores de provincias vinculadas con la producción de biocombustibles no terminaron de acompañar la propuesta, por lo que el Gobierno no logró garantizar los votos necesarios para llevar el proyecto al recinto.
La suspensión de la sesión también incluyó la reunión de Labor Parlamentaria, que debía definir el tratamiento de las iniciativas previstas. Ahora, el oficialismo buscará cerrar un acuerdo antes de una eventual nueva sesión y evitar otro traspié en el Senado.
El debate por la Ley de Biocombustibles tiene impacto directo en distintas provincias por el peso de las plantas elaboradoras y de las pymes que participan del abastecimiento interno. El desafío para el Gobierno será encontrar un punto de equilibrio entre la apertura del mercado, la competencia y la continuidad de las empresas de menor escala.
