(BUENOS AIRES).- “No encuentran correlato en los ingresos lícitos comprobados”, señala el requerimiento del fiscal Gerardo Pollicita sobre erogaciones en dólares de la familia del exfuncionario. La Justicia confirmó que Manuel Adorni tiene tiempo hasta el 22 de septiembre para responder las 20 preguntas que buscan aclarar las dudas sobre su situación patrimonial en la causa por presunto enriquecimiento ilícito. Por el momento, no hubo solicitudes para una nueva extensión del plazo.
El fiscal intimó a Adorni a responder 20 puntos específicos sobre su evolución patrimonial desde diciembre de 2023, cuando asumió su primer cargo en la gestión de Javier Milei, hasta el 27 de junio de 2026, fecha en la que presentó su renuncia como jefe de Gabinete. El requerimiento se firmó tras un informe técnico de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), de 207 fojas, que cruzó las declaraciones juradas del exfuncionario con registros de la propiedad, entidades bancarias, plataformas de criptomonedas y movimientos migratorios.
En pesos, la investigación determinó que Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, tuvieron ingresos por $229.752.283,20, cifra que incluye los 35 sueldos que él cobró como funcionario del Estado. Los gastos registrados en esa moneda, en cambio, ascendieron a $272.820.832,20, entre consumos de tarjetas de crédito, expensas, servicios, impuestos, seguros de autos, viajes y electrodomésticos. Esa diferencia arrojó un saldo negativo de $43.068.549 sin justificación aparente.
Bienes, dólares y efectivo
La fiscalía también identificó erogaciones en moneda extranjera por USD 402.578,12 destinadas a la compra y remodelación de propiedades, mobiliario, alquileres temporarios y traslados al exterior. Uno de los puntos centrales es el pago en efectivo de USD 245.000 al contratista Matías Tabar por refacciones integrales en la vivienda del Country Indio Cuá, que incluyeron una cascada en la piscina y una parrilla de alto valor. Adorni deberá además justificar la procedencia de los fondos usados para comprar el lote 380 de ese country —cuya titularidad figura únicamente a nombre de su cónyuge— y para adquirir un departamento en la calle Miró 550, en Caballito.
El pliego incluye otros interrogantes sobre la economía familiar: la acreditación real de préstamos de los familiares Silvia Pais y Norma Zuccolo, el origen de los fondos para comprar un Jeep, el uso reiterado de terceras personas para pagar gastos en efectivo que tenían al exfuncionario como destinatario final y los depósitos no salariales en su cuenta sueldo del Banco Nación, que no provienen de organismos estatales ni de transferencias entre cuentas propias. También se le pidió explicar las inconsistencias en sus operaciones con criptomonedas —hay fondos en una billetera virtual que validó con su identidad pero omitió declarar ante la Oficina Anticorrupción— y los honorarios de la escribana Adriana Nechevenko, emitidos íntegramente a nombre de Angeletti. En sus expresiones públicas, Adorni manifestó que poseía medio millón de dólares en criptoactivos desde hacía una década, que no había declarado con anterioridad, y la fiscalía le exigió detallar qué bienes vendió, quiénes fueron los compradores, las fechas y la trazabilidad bancaria o bursátil de esos movimientos.
La fecha límite se conoció tras una confusión sobre el plazo original: fuentes judiciales habían señalado que vencía el 25 de agosto, pero en realidad eran 15 días hábiles, por lo que el primer lapso culminó el 1° de septiembre. La prórroga la solicitó la defensa de Adorni, a cargo del abogado Matías Ledesma, que pidió al juez federal Ariel Lijo acceder a la totalidad de las pruebas, archivos y conversaciones que sustentan la acusación; el reclamo se dirigió esencialmente al contenido del celular de Tabar.
Una vez que reciba la información, Pollicita definirá si las explicaciones de Manuel Adorni resultan suficientes. Si considera que no lo son, tanto el ex jefe de Gabinete como su esposa podrían ser citados a indagatoria, lo que agravaría su situación procesal en la causa que tramita en Comodoro Py.
