La senadora Patricia Bullrich sostuvo que en la Argentina hay «poca efectividad en el combate contra la corrupción«. Frente a un auditorio conformado por especialistas, legisladores y autoridades judiciales, la funcionaria analizó la respuesta de las instituciones estatales ante los delitos cometidos en la administración pública. Durante su exposición en el Congreso Anticorrupción, evaluó el ritmo de las investigaciones judiciales, la necesidad de agilizar los procesos penales y los desafíos del país para consolidar la transparencia institucional.
¿Bullrich se corta sola?
Las declaraciones formuladas por la senadora en el encuentro especializado generaron repercusiones en el ámbito político y la prensa. Aunque este Gobierno suele referirse a las causas de corrupción que involucran a la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner y los funcionarios que respondieron a ella o a Néstor Kirchner, al hacer énfasis en «los últimos años» Bullrich parece apuntar contra causas de esta gestión como la de la ANDIS, el caso de Manuel Adorni o hasta $Libra.
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Evaluación de los tiempos judiciales y estadísticas del fuero federal
Bullrich fundamentó su diagnóstico sobre el funcionamiento del sistema de justicia y enfatizó la necesidad indispensable de dictar sentencias en plazos razonables. «En los últimos años ha habido algunas causas importantes que se han resuelto y otras que van más lentas de lo que tendrían que ir«. Según la senadora, la dilatación excesiva de las actuaciones destruye la eficacia del derecho penal.
Esta lentitud en el tratamiento de los expedientes coincide con las métricas históricas del fuero federal. En la Argentina de las últimas tres décadas, solo el 12% de las causas penales por corrupción radicadas en los tribunales de Comodoro Py llegó a la etapa de juicio oral. Asimismo, las estadísticas oficiales revelan que los cargos más frecuentes tramitados en dicha sede son el abuso de autoridad, la violación de deberes de funcionario público y la defraudación agravada en perjuicio de la administración pública.
A su vez, Bullrich remarcó que los mecanismos de control e investigación dependen de la participación ciudadana y del compromiso de los agentes públicos. En ese sentido, advirtió que muchos empleados estatales detectan irregularidades en sus dependencias pero omiten formular las denuncias correspondientes por temor a perder su empleo, lo que termina consolidando los circuitos de corrupción.
