Este viernes, al cumplirse cuatro días del dictado de la resolución cautelar que suspendió la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil, ingresaron tres pedidos de juicio político contra la jueza de Menores de Lomas de Zamora, Marta Pascual, en la mesa de entradas de la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento del Senado de la Provincia de Buenos Aires por supuesto «mal desempeño en sus funciones».
La magistrada resolvió la paralización preventiva por 60 días de la Ley Nacional 27.801 en todo el territorio bonaerense, normativa que establece la reducción de la edad de imputabilidad penal de los 16 a los 14 años. Las presentaciones formales llevan las firmas del diputado provincial Manuel Passaglia (bloque Hechos), del senador provincial Guillermo Montenegro (bloque PRO) y del abogado bonaerense Alfredo Drocchi.
Denuncia penal paralela de ONG y repercusión en el escenario político
El Régimen Penal Juvenil había sido aprobado por el Poder Legislativo en febrero de este año a propuesta del Ejecutivo Nacional, e incluía un plazo de transición de 180 días. La norma preveía ese lapso para que las distintas jurisdicciones adecuen sus estructuras penitenciarias para alojar a la población menor de edad. Cumplido dicho plazo y conocida la resolución judicial, desde el oficialismo nacional y sectores afines dirigieron críticas contra la gestión del gobernador bonaerense, Axel Kicillof.
En el plano judicial, la ONG Usina de la Justicia presentó el miércoles previo una denuncia penal contra la jueza Pascual por presunta «usurpación funcional y abuso de autoridad». Asimismo, la entidad solicitó intervenir como amicus curiae en el trámite del habeas corpus colectivo. La organización sostuvo que el fallo resulta «absolutamente arbitrario y contrario a Derecho». Además, señalaron que vulnera la división de poderes al suspender una norma nacional sustentada en «una hipótesis de futuro» sobre el eventual incremento de adolescentes detenidos.
Alcances de la medida judicial y citación a funcionarios provinciales
La decisión adoptada por la jueza Pascual se dictó en el marco de la causa caratulada «Federación Familia Grande Hogar de Cristo s/ Habeas Corpus Preventivo Colectivo». Mediante dicho pronunciamiento judicial, la titular del juzgado de Menores dispuso la suspensión de la ley dictada por el Congreso Nacional para la jurisdicción bonaerense.
En la misma resolución mediante la cual frenó la aplicación del régimen punitivo, Pascual resolvió convocar a una audiencia institucional fijada para el próximo 16 de septiembre a las 10:00. A la citación judicial deberán concurrir representantes de la provincia de Buenos Aires pertenecientes a las áreas del ministerio de Seguridad, ministerio de Justicia y organismos dedicados a la Niñez. Las autoridades deberán brindar un informe detallado sobre las medidas adoptadas y las acciones previstas para implementar la normativa en el distrito.
