La jueza Marta Elba Pascual defendió la decisión de suspender durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires y aseguró que su planteo no apunta contra la reducción de la edad de imputabilidad. La magistrada advirtió que el problema está en las condiciones con las que comenzaría a funcionar el sistema y en la falta de recursos para afrontar un eventual aumento de adolescentes privados de su libertad.
Pascual sostuvo que actualmente la Provincia no cuenta con la infraestructura necesaria para aplicar de manera adecuada las nuevas medidas. En ese contexto, lanzó una advertencia sobre el impacto que podría tener una implementación sin establecimientos, personal especializado y herramientas suficientes.
“Soy del Conurbano, y con esta ley no vamos a crear más seguridad”, afirmó la jueza en declaraciones radiales. Al mismo tiempo, aclaró que no desconoce la problemática vinculada con los delitos cometidos por menores ni se opone a discutir una baja en la edad de imputabilidad.
La advertencia sobre los adolescentes privados de su libertad
Pascual puso el foco en las condiciones de alojamiento y en las posibilidades de reinserción de los jóvenes que ingresen al nuevo régimen. Para la magistrada, encerrar a un adolescente sin acompañamiento educativo, capacitación laboral o tratamiento puede terminar agravando el problema de seguridad.
“Un chico encerrado sin educación, sin oficio, sin terapia, llega a los 18 años y lo podemos mandar a una unidad carcelaria que funciona como una escuela de delito”, sostuvo. La frase sintetizó el principal argumento de la jueza para cuestionar las condiciones actuales de implementación.
La magistrada también respondió a las críticas y rechazó que su postura implique una defensa de los menores que cometen delitos. “Yo garantista soy de la ley y, además de la ley, quiero seguridad”, afirmó. Y agregó: “Tengo hijos, camino todo el día por el Conurbano y quiero vivir tranquilamente”.
Qué resolvió la Justicia sobre el nuevo régimen
La suspensión fue dictada luego de un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo. La medida tiene carácter preventivo y establece un plazo de 60 días para avanzar en la evaluación de las condiciones necesarias para poner en marcha el nuevo sistema.
Durante ese período, la Justicia buscará que las autoridades bonaerenses informen cómo se implementará el régimen y con qué recursos contará. El objetivo será determinar si existen establecimientos adecuados, personal especializado y capacidad suficiente para atender a los adolescentes alcanzados por las nuevas disposiciones.
La jueza insistió en que su planteo no busca bloquear el debate sobre la edad de imputabilidad, sino exigir que cualquier cambio penal esté acompañado por las condiciones necesarias para que funcione. Su postura volvió a poner en el centro de la discusión el vínculo entre seguridad, encierro y políticas de reinserción.
