(BUENOS AIRES).- «El Gobierno del Reino Unido apoya toda actividad económica legítima en las islas Malvinas y celebra el continuo interés y la participación del sector privado en las islas». Con esa definición, el Reino Unido publicó este martes una guía oficial para respaldar a las empresas que operan en las Islas Malvinas y desafiaron de frente las sanciones impulsadas por la administración de Javier Milei.
El documento, titulado «Hacer negocios con las Islas Malvinas», constituye la primera respuesta oficial de Londres al endurecimiento de las medidas argentinas contra compañías vinculadas a la explotación de recursos en el archipiélago.
La guía fue elaborada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo (FCDO) y está destinada a empresas y particulares que busquen hacer negocios o desarrollar otra actividad económica en las islas, suministrar bienes o servicios al archipiélago o participar de alguna manera, directa o indirectamente, en la economía local, incluida la explotación de sus recursos naturales. En el texto, el gobierno británico rechazó la jurisdicción argentina sobre el territorio.
Sobre los recursos naturales, el documento del FCDO sostuvo que «el Gobierno de Reino Unido apoya plenamente el derecho de los habitantes de las islas a regular su economía y desarrollar sus recursos naturales, incluidos los hidrocarburos, para su propio beneficio económico. Esto forma parte integral de su derecho a la autodeterminación».
En materia de soberanía, el gobierno británico reafirmó que considera a las Malvinas «un territorio británico de ultramar» y dijo no tener dudas sobre su soberanía sobre las islas y las zonas marítimas circundantes. «No hablaremos de soberanía a menos que los isleños así lo deseen«, planteó el documento, que añadió que las islas «han sido administradas pacífica y eficazmente por el Reino Unido desde 1833, con la excepción de una breve interrupción en 1982» y que el derecho interno argentino no se aplica dentro del archipiélago.
El FCDO advirtió que algunas empresas y particulares podrían recibir correspondencia de las autoridades argentinas por sus actividades en las islas, aunque remarcó que Argentina no tiene derecho a ejercer jurisdicción sobre ellas ni sobre quienes hagan negocios allí. Ante ese escenario, Londres ofreció asistencia directa: recomendó obtener asesoramiento jurídico independiente y anticipó que el FCDO está dispuesto a intervenir ante terceros países cuando una empresa, filial o proveedor sea presionado por actividades consideradas legítimas en las islas. «El Reino Unido no encuentra fundamento alguno sobre el cual los tribunales de cualquier país fuera de la Argentina pudieran ejercer legítimamente jurisdicción respecto a las medidas«, cerró el documento.
La respuesta del Gobierno argentino
La publicación británica llega dos semanas después de que el presidente Javier Milei anunciara el endurecimiento de las sanciones a empresas extranjeras que operan en el archipiélago y el envío de un proyecto de ley al Congreso sobre la soberanía nacional. En ese momento, el canciller Pablo Quirno anticipó que hay un entramado de 180 empresas que tendrán que «elegir» si invertir en la Argentina o hacerlo en Malvinas y ser sancionadas. Un día después se conoció que 45 personas físicas y jurídicas fueron notificadas de las sanciones, y posteriormente se sumaron 15 más.
Este mismo martes, el vocero presidencial Adrián Ravier informó que el Gobierno ampliará la denuncia presentada contra las empresas que desarrollan actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina en las islas Malvinas, con la incorporación de nuevas compañías a la acusación previa. La guía británica, además, se difundió un día después de que el Reino Unido anunciara que renovará sus cuatro aviones de guerra Typhoon destacados en el archipiélago, con radar de última generación y tecnología avanzada utilizada por la OTAN.
