El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto cuestionó la decisión del juez Alonso Regueira que desestimó la medida interina para suspender la derogación de la Ley de Tierras efectuado por el DNU 70/23. La presentación que Pichetto hizo junto a Nicolás Massot busca frenar la adquisición sin límites de tierras rurales por parte de extranjeros, ante la posible consolidación de derechos adquiridos antes de que el Congreso Nacional o la Justicia definan la validez del decreto.
El reclamo de Pichetto
El diputado difundió en redes los términos de la resolución judicial e indicó las razones para reducir los tiempos procesales fijados. Sobre el fallo, Pichetto sostuvo: “El juez Alonso Regueira rechazó la medida interina que solicitamos para suspender los efectos del DNU que permite la venta de tierras a extranjeros sin límites y le dio al Gobierno cinco días hábiles para responder antes de resolver la cautelar”. Indignado por la resolución del juez, Pichetto afirmó que pidió reducir ese plazo a dos días.
El legislador advirtió sobre el impacto de mantener la vigencia del decreto durante el traslado concedido al Ejecutivo. “Mientras la Justicia demora, se pueden concretar esas ventas, con grave riesgo para el patrimonio nacional”. Asimismo, remarcó la necesidad de contar con una resolución pronta aunque sea negativa para habilitar instancias superiores. “Estamos frente a una situación de gravedad institucional, el rechazo de la cautelar preventiva es un indicio de la suerte que puede correr nuestra presentación”, afirmó.
El escenario parlamentario
El planteo de Pichetto y Massot surgió tras el fallo de la Corte Suprema que revocó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/23. El tribunal desestimó la acción del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata por falta de legitimación activa.
Frente al levantamiento de la ley 26.737 que imponía topes a la propiedad extranjera y restringía la titularidad sobre cuerpos de agua, los legisladores requirieron la tutela preventiva. Actualmente, la norma sigue vigente mientras corre el plazo del Gobierno. En el ámbito legislativo, la Cámara de Diputados sesionará el próximo 15 de octubre para debatir el decreto.
