La situación en la provincia de Corrientes es alarmante a causa de los incendios producto de las quemas intencionales, las altas temperaturas y la emergencia hídrica. En enero de 2022, se quemaron más de 335.000 hectáreas, muchas de ellas conformadas por humedales, y 8.404 plantaciones forestales. Ante la situación, se profundiza el reclamo al Ministerio de Ambiente, ya señalado por no realizar acciones preventivas en el norte de Argentina.
Según un informe del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la superficie quemada es de 335.043 hectáreas (3,8% del territorio provincial), sin contar los incendios que se produjeron en estos días de febrero. El 58% de las coberturas afectadas por las quema son áreas de humedales como esteros, bañados, malezales y vegetación de valles aluviales; el 35% fueron pastizales y el resto, 7,4%, fueron bosques, tanto cultivados como nativos.
El daño en la economía y el turismo de la provincia también es preocupante. Desde el campo, ya habían advertido al Ministerio de Ambiente sobre las sequías y los incendios en provincias como Chaco, La Rioja, Santiago del Estero y Formosa. “Es necesario que el gobierno se comprometa en medidas que alivien el día a día y en poner claridad frente a las miles de hectáreas incendiadas impunemente”, indicaron desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).
La inacción también es uno de los puntos señalados por los funcionarios, productores agropecuarios y la ciudadanía en general. Mientras se queman miles de hectáreas por mes en Argentina, distintos sectores han señalado que las prioridades del ministro Juan Cabandié son otras. A pesar de haberse comprometido hace un tiempo en modificar la ley de bosques, no hay avances para cambiar la legislación.
La emergencia por el cambio climático es lo que más preocupa a las organizaciones ambientales. Los incendios y la deforestación incontrolada al bosque nativo parecieran tener luz verde, según los vecinos y entidades como Greenpeace. “Durante 2021, casi la mitad de la deforestación del norte se produjo en Santiago del Estero, y más del 80 por ciento fue ilegal. Estamos ante una emergencia sanitaria, climática y de biodiversidad”, anunciaron desde la organización.
Falta de normativas
A pesar de la emergencia por la quema de humedales, zonas geográficas de gran importancia por retener grandes cantidades de agua y ser el hábitat de varias especies autóctonas, la Ley de Humedales perdió estado parlamentario por tercera vez consecutiva. Si no se establece un cambio legislativo o un endurecimiento en la prevención, las consecuencias a futuro podrían ser catastróficas.
