La muerte de Gustavo Martínez, expareja de Ricardo Fort y tutor legal de sus hijos, presuntamente a raíz de una profunda depresión reabrió el debate sobre la ineficacia de la Ley de Salud Mental en Argentina. Qué dice la norma vigente sobre una enfermedad que escala a pasos agigantados en el mundo y no se le da la relevancia suficiente para su prevención y tratamiento.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la depresión es la principal causa de discapacidad en todo el mundo y puede afectar a los adultos, adolescentes y niños. De acuerdo a distintos sitios médicos, se trata de “un trastorno del estado de ánimo que implica un sentimiento persistente de tristeza y pérdida de interés”.
Asimismo, se encargan de destacar que es diferente de las fluctuaciones del estado de ánimo que las personas experimentan habitualmente como parte de la vida cotidiana a raíz de determinado episodio. “La depresión es un problema continuo, no pasajero. Consiste en episodios durante los cuales los síntomas duran al menos 2 semanas. La depresión puede durar varias semanas, meses o años”, exponen múltiples sitios de especialistas.
Entre las causas, los expertos destacan una serie de factores: características genéticas; cambios en los niveles de neurotransmisores del cerebro; factores ambientales; factores psicológicos y sociales; y otras condiciones, como el trastorno bipolar. A su vez, insisten en que el tratamiento debe posar sobre tres pilares claves como el apoyo, la psicoterapia y la medicación.
De acuerdo a la OMS, casi 300 millones de personas sufren depresión en el mundo, el 4,4% de la población, y esta organización augura que sea la principal causa de trastornos en 2030. En nuestro país, los principales problemas de la salud mental son las adicciones, la depresión y los trastornos de ansiedad o de memoria. Sin embargo, en la Ley 26.657 del año 2010 solo el artículo 4 – de los 46 que tiene la norma- está dedicado a las adicciones y no se considera a los trastornos depresivos, la ansiedad ni las demencias.
Incluso, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) denunció que, de acuerdo a la ley vigente, el Estado debe destinar el 10% del gasto total de salud al área de salud mental. Sin embargo, el presupuesto bajó al 1,27% en 2021, el más bajo desde el 2012.
“Es urgente el tratamiento de una nueva ley de salud mental, mueren más personas al año por causa de suicidio que por homicidios dolosos. Además los brotes psicóticos se repiten sin contar con las herramientas y tratamiento adecuado. Sin embargo el Congreso mira para el costado”, cuestionó esta mañana el diputado nacional de la UCR, Luis Petri, en su cuenta de Twitter.
De acuerdo a los registros oficiales, en el 2020 murieron por causa de suicidio 3164 personas y los homicidios dolosos fueron 2416. “Claramente la Ley 27.130 o Ley Nacional de Prevención del Suicidio y la Ley de Salud Mental deben ser revisadas y modificadas por no haber cumplido con su cometido”, insistió el parlamentario sobre un debate de larga data pero con escasas soluciones.
