En la tarde del martes el Gobierno nacional anunció que AySA quitará subsidios a sus usuarios de residencia «alta» y «media» para 2023. Esto se suma a la segmentación de tarifas energéticas en luz y gas, lo que representa un gasto menor para el Estado, una de las metas que estableció el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su acuerdo más reciente.
La entidad internacional exigió un recorte fiscal considerable para los próximos años y en 2022 debe ser del 2,5% del PBI o PIB. Según la información que se brindó en la conferencia de prensa que cubrió NA, el ahorro fiscal será de $47.500 millones para 2022 y de $455.000 millones en base anualizada. Esto acerca bastante a la Argentina de cumplir la meta pactada.
En términos porcentuales se trata de un ahorro del 0,5% del PBI de Argentina en recorte de subsidios. Si bien desde el Gobierno sostienen que no es un aumento de tarifas, los usuarios deberán abonar más mes a mes en los servicios básicos que hoy brinda el Estado y afectará directamente a su capacidad de compra más allá de que en Casa Rosada digan que es para «un consumo responsable».
¿Más recorte?
Si bien esta medida dejará a la Argentina cerca de cumplir con la meta del 2022 impuesta por el FMI, no será la única. El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció que auditarán los planes sociales y los beneficiarios que no los necesiten serán retirados de los programas mientras que buscará que de aquí a un año transformar eso en empleo formal.
De esta manera, la gestión de Alberto Fernández también piensa en lo que será la meta fiscal del 2023, la cual es casi un 50% más chica que la del corriente año. A pesar de ello, hay mucha resistencia sobre esta reciente medida sobre la quita de subsidios y más aún en cuanto a la auditoria de planes, dos recursos muy necesarios para las familias del país más necesitadas.
