Los dichos de Alberto Fernández contra el fiscal Diego Luciani motivaron el repudio por parte del procurador interino Eduardo Casal. El jefe de los fiscales le envió una dura carta al Presidente manifestando su preocupación por la comparación de Luciani con el difunto Alberto Nisman. Frente a ello, el mandatario redobló la apuesta y le contestó a Casal con otra misiva, en la cual apuntó a su “doble vara”.
“En su nota, el Señor Procurador Adjunto considera que constituyen una ‘perturbación’ al ejercicio de las funciones de un fiscal, las expresiones que he realizado en una entrevista brindada al canal Todo Noticias, donde hice referencia a la existencia de una ‘persecución judicial y mediática’ contra la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner”, comenzó el jefe de Estado.
En esta línea, explicó: “Debo señalar que dichas expresiones en modo alguno pueden interpretarse en el sentido de querer condicionar el accionar de un funcionario y ello queda claro toda vez que se vertieron cuando el Fiscal de la causa ya había finalizado su alegato en el proceso”. Y aclaró: “El Estado de derecho no exime de críticas a los miembros del Poder Judicial”.
A continuación, Fernández trajo a colación lo sucedido con Lula da Silva en Brasil. “Solo hace falta observar con detenimiento lo que sucedió en Brasil, donde a Inácio Lula da Silva lo condenaron y encarcelaron injustamente, y por lo tanto proscripto para participar en las elecciones presidenciales”. Y reflexionó: “Ahora hemos tomado cabal conocimiento de que aquel proceso penal fue en verdad una persecución judicial, mediática y política que tuvo como finalidad impedir que Lula fuera candidato a presidente”.
En la carta que envió a través del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, el Presidente sostuvo que “el Estado de derecho no exime de críticas a los miembros del Poder Judicial, y cualquier ciudadano o ciudadana, incluido el presidente de la Nación, puede dar la voz de alerta cuando observa que algún magistrado o funcionario se desvía de su obligación constitucional de respetar el debido proceso y de la imparcialidad necesaria para actuar”.
“Obsérvese que el Sr. Procurador expresa su preocupación por una supuesta injerencia por parte del Presidente en un proceso penal, pero no lo ha preocupado, ni ha visto injerencia alguna cuando el ex Presidente Mauricio Macri, estando en ejercicio del cargo, recibió al imputado Luis Chocobar en la Casa Rosada. Y, mientras transcurría el juicio en el que este terminó condenado, publicó en su cuenta oficial de Twitter: ‘Lo acompañamos y que confiamos en que la Justicia en otra instancia lo liberará de todo cargo, reconociendo su valentía’”, replicó Fernández.
“Tampoco llamó la atención del Sr. Procurador que Macri, también en ejercicio de sus funciones presidenciales, directamente instruyera a su Ministro de Justicia para que iniciara juicio político al juez Alejo Ramos Padilla y manifestara (textual) ‘creemos que no es un juez que actúe con ecuanimidad, que se prestó a un show mediático político’, al tiempo que le advertía al Consejo de la Magistratura que ‘Ramos Padilla ya ha hecho varias y realmente espero que el Consejo, con todas las pruebas que hay, evalúe seriamente destituirlo’”, sentenció.
“El celo que muestra en su carta el Sr. Procurador respecto del cuidado de los procesos penales, hubiera sido importante, para la salud democrática de nuestro país, que se plasmara también en impulsar investigaciones transparentes respecto de las motivaciones reales que tuvieron algunas visitas realizadas por destacados miembros del Poder Judicial al ex presidente Mauricio Macri en la Quinta de Olivos y también en la Casa Rosada”, se quejó Alberto.
En esta línea, el Presidente también mencionó “el rol que tuvo el prófugo ‘Pepín’ Rodríguez Simón y otros ex funcionarios en la llamada ‘Mesa Judicial’; y el garantizar la imparcialidad de quienes intervienen como magistrados y funcionarios en los procesos penales, máxime en el ámbito de la justicia federal, cuando se encuentran bajo investigación dirigentes políticos”. “En todos estos casos es imprescindible procesos transparentes y que los funcionarios y magistrados no se encuentren bajo sospecha de actuar movidos por intereses ajenos a la búsqueda de la verdad”, advirtió.
“Esta doble vara para medir hechos institucionales y esta sistemática asimetría en las posturas adoptadas por parte de algunos importantes magistrados y funcionarios de la justicia federal e incluso del propio Sr. Procurador frente a los distintos actores políticos, tornan aún más necesario que se abran estos debates para cuidar la salud de la democracia y para que en la región no vuelva a ocurrir la afectación de los procesos electorales y de la vida democrática de la sociedad por la actuación de la justicia con intereses políticos y/o fácticos”, culminó Fernández.
