La Auditoría General de la Nación (AGN) presentó un informe sobre el préstamo otorgado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) al gobierno de Mauricio Macri. Este acuerdo Stand By, firmado en 2018 por un monto excepcional de casi 57.000 millones de dólares, de acuerdo al estudio, fue utilizado para gastos presupuestarios en general y, además, se pagó comisiones y gastos extras al FMI por más de 13.000 millones de pesos. Asimismo, el estudio destacó la falta de cumplimiento de normas y procedimientos, la ausencia de intervención de las áreas técnicas y la toma de decisiones sin información adecuada sobre costos y riesgos financieros.
«Por primera vez y en 30 años y desde su creación la Auditoría General de la Nación realizó un informe sobre el préstamo del FMI. Este se originó en un acuerdo Stand by firmado en junio de 2018 por un monto de casi 57.000 millones de dólares. El mismo fue modificado en octubre de ese mismo año permitiendo aplicar los fondos del préstamo a gastos presupuestarios en general», expresó el video compartido por Cristina Kirchner en Twitter.
«El acuerdo fue firmado por el ministro de Hacienda y el presidente del Banco Central, pero ¿Por qué están importante esta auditoría? Se trató de un préstamo extraordinario y excepcionalmente alto. Este fue el préstamo más grande la historia de la Argentina y el FMI, representando 127 veces la capacidad de endeudamiento de la Argentina con el Fondo», señalaron desde la AGI.
«La importancia relativa del monto del préstamo respecto de la emisión de deuda y de la deuda total acrecentó su vulnerabilidad y aumentó los riesgos derivados de la estructura de la cartera de deuda argentina. Por este préstamo se pagaron comisiones y gastos al FMI por más de 13.000 millones de pesos que es el equivalente al 52% del presupuesto del Conicet de 2018 y al 39% del mismo en 2019″, explicaron los auditores.
«El acuerdo fue firmado por el ministro de Hacienda (Nicolás Dujovne) quien no tenía facultades para gestionar ni autorizar la deuda pública. No se cumplió con el articulo 61 de la ley de administración financiera que exige al Banco Central que en caso de endeudamiento externo emita un dictamen sobre el impacto de la operación en la balanza de pagos. No se cumplió con la norma que exige que los prestamos multilaterales se aprueben por decreto ni tampoco pasó por el Congreso. No se implementó el procedimiento aplicable para la utilización, negociación, contratación administración, control y supervisión de los prestamos», indicaron en el estudio.
«La jefatura de gabinete de ministros no intervino en la etapa de negociación, autorización y suscripción del acuerdo con el FMI, a pesar de tener esa función específica. Tampoco intervinieron las áreas técnicas específicas, en especial, el ministerio de Finanzas que debía gestionar la deuda. El acuerdo no tuvo intervención previa de la unidad de auditoria interna, porque desde la división de los ministerios no existió esa área en relación con la deuda pública», comentaron en el documental.
«No se pudo encontrar el documento definitivo del acuerdo, dado que existen múltiples versiones del texto del Stand By. El dictamen jurídico se emitió fuera de termino y se baso en una norma que no estaba vigente en el momento del acuerdo. Cuando se decidió solicitar el préstamo al FMI, el Ministerio de Hacienda no efectuó análisis sobre costos y riesgos financieros ni de solvencia y sostenibilidad. El proceso de gestión no fue efectivo ni eficiente para rendir cuentas y asegurar la transparencia y el control en el uso de fondos», aseguraron.
«Se observaron inconsistencias en los totales informados para 2018 y 2019 en relación con los montos de moneda extranjera subastados provenientes del préstamo del FMI. Casi el 30% de los desembolsos del FMI se usaron para financiar la salida de capitales financieros y el 71% se usó para cancelar la otra deuda», expresaron.
«Durante el periodo del acuerdo se observó una salida de capitales considerable y continua. La implementación de medidas para evitarla fue tardía. Las condiciones relacionadas a moneda, monto y plazo con el FMI aumentaron el riesgo de insostenibilidad de la deuda. En el 2018 el indicador deuda-PBI se incrementó y llegó a representar 84,8% del PBI y en 2019 el 89,4%», señalaron.
«Los procesos y procedimientos relacionados al préstamo no aseguraron la eficiencia y la efectividad en la gestión de la deuda, provocando incumplimientos legales, afectando la prudencia en la administración del endeudamiento y vulnerando la adecuada supervisión del financiamiento. El auditado tomó decisiones sin contar con la debida información en cuanto al costo y riesgo asumidos impactando en la solvencia y sostenibilidad de la deuda pública«, finalizó.
