La industria manufacturera argentina atraviesa una de sus peores crisis en décadas. Según datos de la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA), desde que Javier Milei asumió la presidencia se cerraron 1.000 empresas, en su mayoría pequeñas y medianas. Además, cerca de 40.000 trabajadores del sector perdieron sus empleos, reflejando el impacto negativo de las políticas económicas implementadas por el Gobierno.
El relevamiento, basado en datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), muestra que en el último trimestre el 60% de los gremios industriales reportaron despidos. Además, un tercio de los sindicatos indicó que las empresas enfrentan dificultades para pagar salarios, mientras que el 82% señaló recortes de horas extras y el 72% mencionó suspensiones, licencias y adelantos de vacaciones.
En materia de paritarias, el 80% de los gremios aseguró que, aunque se lograron acuerdos salariales, estos se homologaron y pagaron con demoras. Para el próximo trimestre, solo el 7% de los representantes gremiales tiene expectativas de mejora, mientras que el 93% considera que la situación continuará igual o empeorará.
Fuerte caída de la producción en las industrias pequeñas y grandes de la Argentina
El informe también detalla un deterioro generalizado en la actividad industrial. Durante 2024, el 90% de los sindicatos relevados registró una caída en la producción, mientras que el 70% reportó bajas en las ventas. Apenas el 3,8% de los encuestados afirmó haber experimentado una mejora en sus operaciones.
La utilización de la capacidad instalada en las fábricas también refleja esta crisis: el 92% de los gremios indicó que el uso de los recursos productivos es insuficiente o empeoró. Además, más del 60% de los sindicatos informó una reducción en las horas de trabajo, un indicador directo de la disminución de la actividad manufacturera.
De cara al futuro, la percepción del sector sobre el impacto de la recientemente aprobada Ley Bases es mayoritariamente negativa. El 70% de los gremios considera que las nuevas regulaciones afectarán de manera adversa al sector industrial, profundizando los problemas actuales.
