El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, salió al cruce del empresario Marcos Galperín luego de que Mercado Libre cuestionara el aumento del impuesto a Ingresos Brutos en la provincia. «Basta de Ingresos Brutos», había expresado la compañía en un comunicado, alertando sobre el impacto negativo que genera esta carga impositiva en consumidores y PyMEs.
Lejos de abrir el debate sobre la presión fiscal en la provincia, Pullaro desestimó las críticas, argumentando que su gobierno solo está cobrando impuestos sobre operaciones en negro y apuntando directamente contra la empresa de Galperín. “En Santa Fe estamos en contra de los que venden en negro y hacen la bicicleta financiera. Acá no hay suba de impuestos”, afirmó.
El gobernador utilizó el acto de firma de obra pública en la ciudad de Santa Fe para reforzar su postura y acusar a las plataformas digitales de generar competencia desleal contra los comerciantes locales. “No intenten mentirle a la República Argentina. En la provincia de Santa Fe no va a haber operaciones en negro; se va a recaudar y se va a proteger a los que pagan los impuestos. Y si le molesta a Marcos Galperín, si le molesta a Mercado Libre, lo siento”, sentenció.
El conflicto con Mercado Libre y las fintech
El enfrentamiento entre Pullaro y Galperín se desató después de que el gobierno provincial incrementara del 5% al 9% la alícuota de Ingresos Brutos para los Proveedores de Servicios de Pago (PSP), lo que afecta directamente a billeteras virtuales y plataformas de pago, entre ellas Mercado Pago. La medida fue rechazada por la Cámara Argentina Fintech, que la calificó de «confiscatoria», advirtiendo que podría frenar el desarrollo del sector y afectar a miles de usuarios.
Pullaro, sin embargo, justificó el aumento, asegurando que su gobierno detectó 40.000 operaciones en negro en una de las principales plataformas de comercio electrónico del país. “No estamos aumentando ninguna alícuota, estamos cobrando impuestos a operaciones que antes se hacían sin tributar”, insistió.
Para el mandatario santafesino, la medida apunta a corregir distorsiones en el comercio y evitar que emprendedores y pequeños comerciantes sean perjudicados por la informalidad del sector digital. “Cuando hay operaciones en negro que generan competencia desleal, la provincia tiene que actuar. Si no lo hacemos, desprotegemos a quienes cumplen con sus impuestos y tienen un local habilitado”, afirmó.
La presión impositiva en Santa Fe y la obra pública como excusa
Santa Fe es una de las provincias que más depende de Ingresos Brutos, un tributo que representa hasta el 80% de la recaudación provincial. Mientras el gobierno nacional avanza con la reducción de retenciones para aliviar la carga tributaria del sector productivo, Pullaro sigue apostando por un esquema fiscal que castiga a empresas y consumidores.
El mandatario defendió su política impositiva argumentando que lo recaudado se destina a obra pública, asegurando que Santa Fe es la única provincia que sigue con un alto nivel de inversión en infraestructura. “El año pasado pusimos 500 millones de dólares y este año vamos a invertir 1.500 millones de dólares, más que el Estado Nacional y cualquier otra provincia”, afirmó.
Sin embargo, el discurso de Pullaro choca con la realidad. Mientras otras provincias buscan reducir la carga impositiva para atraer inversiones y mejorar la competitividad, Santa Fe endurece su política fiscal, afectando a los sectores productivos y generando un clima de incertidumbre en el mercado.
Un conflicto que expone la voracidad fiscal provincial
El enfrentamiento entre Pullaro y Galperín refleja una tensión creciente entre los gobiernos provinciales y el sector privado, en un contexto donde la presión impositiva se ha convertido en uno de los principales frenos para el desarrollo económico.
Mientras el gobierno de Javier Milei insiste en la necesidad de reducir impuestos y desregular la economía, algunos gobernadores, como Pullaro, prefieren sostener el modelo de alto gasto público y alta presión fiscal, con el argumento de financiar inversiones en infraestructura.
El tiempo dirá si esta estrategia es sostenible o si, como advierten empresarios y analistas, solo termina desincentivando la inversión, encareciendo los precios y perjudicando el crecimiento económico en la provincia. Lo cierto es que, por ahora, Santa Fe se mantiene como una de las jurisdicciones con mayor carga fiscal del país, mientras que Pullaro parece más preocupado por sostener la recaudación que por generar condiciones favorables para el desarrollo del sector productivo.
