A partir del 1° de abril, todos los comprobantes emitidos por vendedores de bienes y servicios en el país deberán incluir un desglose detallado de los impuestos aplicados al precio final. Esta medida, que forma parte del régimen de transparencia fiscal impulsado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), busca garantizar que los consumidores puedan identificar claramente el impacto de los tributos en sus compras. Esta obligación ya regía para grandes empresas desde enero de este año, pero ahora se extenderá a todos los contribuyentes.
La implementación de esta medida se enmarca en la Resolución General 5.614/2024, que establece un cronograma progresivo para la adopción del régimen. Hasta ahora, quienes utilizaban sistemas de facturación electrónica proporcionados por ARCA, como Facturador Móvil o Comprobantes en Línea, ya tenían la posibilidad de discriminar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en sus tickets. Sin embargo, a partir de este mes, la obligación se extiende a todos los comercializadores, sin importar el tamaño de su negocio o el tipo de bienes y servicios que ofrezcan.
Qué cambia en los tickets y la cartelería desde abril
Con esta nueva disposición, los consumidores podrán observar en sus facturas un apartado específico donde se detallen los impuestos incluidos en el precio final. En los tickets deberá aparecer discriminado el IVA y los Impuestos Internos. Además, cada ticket llevará la leyenda “Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor Ley 27.743”, que servirá como indicador de que el documento cumple con los nuevos requisitos. Desde la próxima semana también será obligatorio mostrar la carga tributaria en los flejes de góndola y en toda cartelería y publicidad. Deberá figurar el precio final y, debajo, “Precio sin impuestos nacionales”, con el valor correspondiente.
Según aclaró ARCA, este cambio no requiere ninguna acción por parte de los consumidores finales. Los compradores únicamente deberán revisar los tickets para identificar la información fiscal desglosada, sin necesidad de realizar trámites adicionales o ajustes en sus hábitos de compra. La medida está diseñada para facilitar el acceso a la información tributaria de manera directa y sencilla.
El objetivo es fomentar la conciencia fiscal
El principal objetivo del régimen de transparencia fiscal es fortalecer el compromiso del gobierno con la claridad en la gestión tributaria. Esta iniciativa busca que los consumidores puedan conocer con precisión cuánto del precio final de los productos corresponde a impuestos. De esta manera, se pretende que las personas cuenten con información suficiente para tomar decisiones comerciales informadas y con mayor libertad.
La medida también responde a una creciente demanda de transparencia en las transacciones comerciales. Al permitir que los consumidores visualicen el impacto de los tributos en sus compras, se fomenta una relación más clara entre el Estado, los contribuyentes y los ciudadanos. El régimen de transparencia fiscal comenzó a aplicarse en enero de 2024, inicialmente dirigido a grandes empresas. Estas compañías, que ya contaban con sistemas de facturación electrónica avanzados, fueron las primeras en implementar el desglose de impuestos en sus comprobantes.
Con la ampliación del régimen a todos los comercializadores, el gobierno busca consolidar un sistema uniforme que abarque a la totalidad del mercado. Esto incluye tanto a pequeños comerciantes como a grandes cadenas de distribución, garantizando que todos los consumidores tengan acceso a la misma información fiscal, sin importar dónde realicen sus compras.
El consumidor final no debe realizar ninguna operación adicional. En la factura o ticket de compra, leerán la leyenda “Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor Ley 27.743”, donde estarán discriminados los impuestos anteriormente detallados.
Provincias en deuda con la adhesión al régimen
A pesar de los avances a nivel nacional, el régimen enfrenta un desafío significativo: la falta de adhesión por parte de las provincias y municipios. El régimen invita a estas jurisdicciones a sumarse para que también se transparenten impuestos locales, como Ingresos Brutos y tasas municipales, que tienen un fuerte peso en los precios y que se han incrementado fuertemente en el último año, ante el ajuste encarado desde el gobierno nacional. Pero hasta ahora ninguna provincia formalizó su adhesión.
Ante la consulta de Infobae, el presidente de la ONG Lógica, Matías Olivera Vila, enfatizó la importancia de que las provincias y municipios se sumen al régimen: «Es momento de que las provincias dejen de hacer jueguito de mitad de cancha y se adhieran a este régimen al cual están obligadas en virtud del artículo 42 de la Constitución, que le da al consumidor el derecho a ser informado con información adecuada y veraz». Y agregó: «Además, en ese artículo también se menciona la educación al consumidor, con lo cual, las provincias están obligadas a adherirse».
A pesar de la falta de adhesiones formales, algunas provincias han mostrado interés en sumarse al régimen, señaló Olivero Vila. Entre Ríos, Misiones, Mendoza, Ciudad de Buenos Aires y Chubut respondieron positivamente a la invitación, comprometiéndose a avanzar en el proceso de adhesión, según respondieron a una carta enviada por Lógica a las 24 jurisdicciones. Sin embargo, hasta el momento, no han concretado la incorporación legal.
Por otro lado, en provincias como Río Negro, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y La Pampa se presentaron proyectos de ley para adherir al régimen, pero son todos impulsados por bloques de la oposición provincial, lo que refleja una falta de iniciativa por parte de los oficialismos locales.
