El presidente Javier Milei firmó el decreto 274/2025 que modifica el rol de la Unidad de Información Financiera (UIF) en los procesos judiciales. A partir de esta decisión, el organismo ya no podrá presentarse como querellante en causas de corrupción y lavado de activos, lo que representa un cambio sustancial en su participación dentro del sistema judicial.
La medida se publicó este jueves en el Boletín Oficial y supone una reformulación de las facultades de la UIF, que hasta ahora tenía la posibilidad de actuar como parte en causas penales relacionadas con delitos financieros. Desde el Gobierno aseguran que se trata de una reorganización orientada a mejorar la eficiencia del sistema, aunque sectores críticos advierten sobre una posible pérdida de capacidad estatal para perseguir el delito económico.
El decreto establece que la UIF concentrará sus tareas en la recopilación, análisis e intercambio de información financiera, dejando de lado la función de impulsora de acciones judiciales. A su vez, introduce un nuevo régimen por el cual las personas alcanzadas por sanciones administrativas podrán acogerse a condiciones específicas para extinguir la acción sancionatoria si cumplen determinados requisitos.
Además, se amplían las facultades del organismo para intercambiar información con entidades públicas que cuenten con funciones de inteligencia o investigación. Esta información deberá manejarse bajo estrictas normas de confidencialidad y solo podrá utilizarse en el marco de investigaciones vinculadas al lavado de activos, financiamiento del terrorismo o de armas de destrucción masiva.
Se acorta el alcance de la UIF a nivel judicial
La medida también modifica la Ley de Inteligencia Nacional, al redefinir algunas competencias de la Agencia Federal de Ciberseguridad. Asimismo, incorpora disposiciones que limitan el uso de los datos recolectados por la UIF, autorizando su utilización únicamente en investigaciones o para análisis estratégicos que permitan detectar patrones de delitos financieros.
El actual titular de la UIF, Paul Starc, fue designado por el Gobierno en enero de este año en reemplazo de Ignacio Yacobucci, quien fue desplazado por presuntos «abultados gastos» en el área. Con este nuevo decreto, Starc liderará una UIF con menos peso judicial, pero con un rol reforzado en el terreno técnico y de intercambio de información.
