Pese a las medidas del Gobierno nacional para reducir los costos de registrar un vehículo, algunas provincias decidieron mantener el cobro del impuesto de sellos y trasladar esa carga a las fábricas y concesionarios. El resultado: un posible aumento del precio final de autos y motos cero kilómetro según la provincia donde se inscriban.
Desde septiembre de 2024, el Ministerio de Justicia eliminó la obligación de que los Registros del Automotor cobren impuestos provinciales o municipales al momento de la inscripción inicial. La medida fue celebrada como un alivio para los compradores, al reducir también el arancel de transferencia y los costos por cédulas y patentes. Sin embargo, los gobiernos provinciales buscaron alternativas.
Provincias que mantienen la presión fiscal
En al menos cinco provincias —Córdoba, Tucumán, Mendoza, Formosa y Misiones— se implementaron mecanismos para seguir percibiendo el impuesto de sellos. En la mayoría de los casos, los responsables de cobrarlo son los fabricantes, concesionarios o registros locales, según disposiciones publicadas en sus boletines oficiales.
En Córdoba, la Dirección General de Rentas designó a concesionarios y fábricas como agentes sustitutos para liquidar el impuesto. La medida debía entrar en vigencia el 1 de abril, pero se prorrogó hasta el 21 de abril por gestiones de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA).
Tucumán tomó un camino similar mediante la ley provincial 9863, delegando la recaudación a concesionarios y habitualistas. En Formosa, la resolución 13/2025 amplió el régimen incluso a transferencias y prendas, afectando tanto autos nuevos como usados.
Impacto en los precios y la operatoria
El costo adicional varía entre un 1% y un 3% del valor del vehículo, dependiendo de la jurisdicción. En algunos casos, se prevé que el precio final suba debido a que las terminales incluirán ese cargo al despachar los autos a cada provincia.
Desde ADEFA advierten que esto va a contramano de los esfuerzos del Ejecutivo nacional por bajar los precios y promover la formalización del mercado. “En lugar de utilizar sus propios organismos para recaudar, algunas provincias decidieron que las terminales automotrices cobren por ellas”, criticaron fuentes del sector.
La preocupación se extiende también a los concesionarios, que se ven forzados a asumir un rol recaudador que complejiza la venta y exige recursos administrativos extra. “Si un concesionario entrega un auto sin haber cobrado el impuesto, la operación queda en riesgo”, explicó un empresario del rubro.
Santa Fe y la advertencia de lo que viene
Aunque en Santa Fe todavía no se aplica plenamente, el sector ya fue notificado de que los concesionarios también serán responsables solidarios. “Por ahora, los registros siguen cobrando los sellos, pero cuando dejen de hacerlo, el problema va a ser grave”, advirtió un empresario local.
El temor es que estas medidas, lejos de desaparecer, se repliquen en otras provincias. Y mientras el Gobierno nacional desarma la carga impositiva sobre los vehículos nuevos, los gobernadores parecen decididos a sostener sus ingresos a cualquier costo. Una tensión fiscal que podría trasladarse directamente al precio que paga el consumidor.
