El Congreso debatirá un proyecto de ley clave para miles de personas con discapacidad, prestadores de salud e instituciones de atención. La iniciativa, presentada por el diputado de Unión por la Patria, Daniel Arroyo, propone declarar la «emergencia en discapacidad» en todo el país hasta diciembre de 2027 y plantea soluciones concretas frente a una crisis que, según profesionales y familias, ya es insostenible.
El objetivo principal es garantizar la continuidad de los apoyos y servicios para las personas con discapacidad y evitar el cierre de centros terapéuticos y consultorios por falta de financiamiento. Hoy, muchos profesionales abandonan sus tareas por los bajos aranceles y las demoras en los pagos. A esto se suma la pérdida de prestaciones esenciales como traslados, maestras integradoras o terapias.
Dentro del proyecto para personas con discapacidad está el aumento de las pensiones no contributivas
Uno de los puntos más urgentes tiene que ver con las pensiones no contributivas. Actualmente, el monto mensual es de $213.286,50, por debajo de la canasta básica individual. Además, el Gobierno puso en marcha auditorías que en muchos casos derivaron en la suspensión de pensiones sin notificación clara. El proyecto busca corregir esta situación, proponiendo que las pensiones equivalgan al 70% del haber mínimo y que los procedimientos de revisión sean accesibles para todos.
También se contempla una actualización de los aranceles para prestadores, que llevan congelados desde diciembre de 2023. Sin aumentos y con inflación creciente, la atención está en riesgo. El texto establece que esos valores se actualicen por inflación y que el Estado compense las pérdidas acumuladas con fondos del Tesoro Nacional. La idea es evitar que la red de apoyos se siga desmoronando.
Otra medida importante del proyecto es la creación de un régimen de emergencia para regularizar deudas tributarias de los prestadores, con facilidades como la condonación de intereses y la refinanciación de planes caducos. El objetivo es aliviar la carga impositiva para que puedan seguir brindando servicios.
Además, se reafirma que el Certificado Único de Discapacidad (CUD) debe ser válido en todo el país y se obliga al Poder Ejecutivo a presentar informes anuales al Congreso, detallando cómo se ejecutan los recursos destinados al área, cuántas pensiones se otorgan y qué compensaciones se pagan.
