El Gobierno de Javier Milei eliminó el impuesto obligatorio para la portación de armas de fuego. La medida fue oficializada por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) a través de la Resolución 77/2025. También se extendió de uno a cinco años la validez de las inscripciones para usuarios registrados.
La decisión afecta a los usuarios comerciales, colectivos, cinegéticos y entidades de tiro. Desde ahora, ya no deberán abonar la tasa anual para mantener su habilitación. En cambio, las normas para importadores y transportistas seguirán vigentes. Según ANMAC, esos sectores no dependen directamente de su regulación.
Redujeron controles con el argumento de simplificar trámites
Desde ANMAC explicaron que el cambio forma parte de un proceso de “simplificación y desburocratización de trámites”. La medida responde al enfoque del gobierno de reducir la intervención estatal. Por eso, las direcciones de Registro y de Fiscalización ya trabajan para ajustar sus procedimientos a la nueva norma.
Organismos civiles y expertos en seguridad cuestionaron la decisión. Advirtieron que esta flexibilización podría reducir el control sobre los usuarios legales de armas. También remarcaron que la tasa anual funcionaba como una instancia de revisión periódica.
Autorizan armas semiautomáticas de uso militar para civiles
Además, el Gobierno de Javier Milei permitió que usuarios civiles accedan a armas semiautomáticas de uso militar. Deberán justificar su uso con fines deportivos. La decisión se formalizó en el Decreto 397/2025, firmado por Milei, Guillermo Francos y Patricia Bullrich.
La norma habilita la compra de fusiles, carabinas y subametralladoras derivadas de modelos militares. Especialmente aquellas con cargadores desmontables y calibre superior al .22 LR. Según el Ejecutivo, responde a un reclamo del sector de tiro deportivo.
Las críticas surgieron de inmediato. Referentes judiciales y organizaciones civiles advirtieron que la medida podría incrementar el arsenal legal en circulación. También señalaron que va en contra de las recomendaciones internacionales para frenar la violencia armada.
En medio de la ofensiva liberalizadora de la llamada «motosierra» de Milei, varios sectores temen que estas decisiones debiliten aún más el rol del Estado. Aunque el Gobierno asegura que mantiene los controles, expertos aseguran que la flexibilización de requisitos para portar armas puede traducirse en un riesgo mayor para la seguridad pública.
