El diputado nacional Esteban Paulón (Partido Socialista, Santa Fe) confirmó que demandará por calumnias e injurias al influencer libertario Pablo Pazos, luego de que este lo llamara “pedófilo” en el programa de streaming La Misa, conducido por “El Gordo Dan”. Según el legislador, las agresiones comenzaron en X a principios de año, cuando él y su compañera de bloque Mónica Fein votaron contra la Ley Bases y cuestionaron la estructura de la Oficina de la Presidencia (OPRA).
Paulón relató que primero fue tildado de “zurdista” y “narcosocialista”, pero que el ataque viró a su orientación sexual cuando los usuarios libertarios descubrieron su trayectoria dentro del colectivo LGBT. “Pasaron de acusarme de comunista a pedófilo. Es gravísimo que se fomente esa asociación”, dijo en diálogo con LN.
El trasfondo político y la estrategia judicial
El legislador sostiene que se trata de un hostigamiento planificado: “No es un ensañamiento personal, sino un mensaje disciplinador hacia toda la comunidad LGBTIQ+”. Por eso impulsará una denuncia penal abarcativa que incluya tanto a Pazos como a los participantes del streaming. En paralelo, evalúa recurrir a la Ley Antidiscriminatoria de la Ciudad de Buenos Aires.
Desde el oficialismo libertario aclaran —en estricta reserva— que Pazos y “El Gordo Dan” no forman parte de la estructura de La Libertad Avanza, aunque reconocen la afinidad ideológica. En la Casa Rosada evitan pronunciarse sobre el caso para no “sobredimensionar un cruce de redes”, pero subrayan la importancia de la libertad de expresión aun cuando el discurso resulte “ofensivo”.
El pedido de reactivar la comisión de libertad de expresión
Paulón reclamó la inmediata convocatoria de la comisión de libertad de expresión, presidida por la libertaria María Emilia Orozco, que aún no celebró su primera reunión. “Es incompatible que la comisión que protege la pluralidad siga cerrada mientras arrecian los ataques a periodistas y legisladores”, advirtió.
Voceros oficialistas replican que la comisión se constituirá “cuando la agenda parlamentaria lo permita” y recuerdan que en la gestión anterior —dominada por el kirchnerismo— esos ámbitos se usaban para perseguir medios críticos. “No vamos a reeditar tribunales morales con olor a lawfare”, deslizan.
¿Discursos de odio o victimismo opositor?
El episodio vuelve a exponer la tensión entre la batalla cultural libertaria y el reclamo progresista de regular los discursos violentos. Desde el ala dura del oficialismo advierten que la “agenda anti-wok” seguirá siendo un eje político: “Cuestionar privilegios identitarios no es incitar al odio; es defender la libertad de opinión”. Sin embargo, recuerdan que la frontera se cruza cuando hay imputaciones falsas de delitos.
Para el socialismo santafesino, el temor es que la escalada verbal derive en violencia física. Paulón citó la frase de Javier Milei —“no odiamos lo suficiente a los periodistas”— y advirtió: “¿Cuánto falta para que alguien crea que debe hacer justicia por mano propia?”. Desde Balcarce 50 responden que el Presidente combate “ideas estatistas y relatos progres”, no personas, y que los agresores “deberán responder ante la Justicia si se excedieron”.
El desafío de cuadrar libertades con responsabilidad
El Gobierno encara un delicado equilibrio: defender la libertad de expresión sin quedar asociado a mensajes injuriosos que empañen su discurso de tolerancia cero con la violencia real. Por ahora, la estrategia oficial pasa por dejar actuar a la Justicia ordinaria y evitar que el Congreso avance en proyectos que restrinjan aún más el debate público.
Mientras tanto, Paulón prepara su querella y confía en que el caso siente precedentes. “Hacen del odio un acto pedagógico: enseñan a odiar. Tenemos que responder con la ley y con más democracia”, concluyó.
