Las empresas podrán donar a las campañas electorales de los partidos políticos

La Cámara de Diputados aprobó la ley de financiamiento político con 148 votos afirmativos y 69 negativos. Con esta norma, a partir de este año las empresas podrán donar dinero a las campañas electorales del partido que decidan apoyar pero todos los aportes deberán estar bancarizados. Antes de la sanción de esta ley, las compañías sólo tenían permitido destinar dinero para las actividades ordinarias de los partidos.

La medida comenzará a regir a partir de este turno electoral. En el documento se establece que
los partidos políticos “obtendrán sus recursos mediante el financiamiento público y privado para el desarrollo de sus operaciones ordinarias y actividades electorales”. De esta forma, no podrán recibir de una misma persona humana o jurídica un monto superior al 2% de los gastos permitidos para esa campaña.

De acuerdo a la ley, los aportes sólo podrán efectuarse mediante transferencia o depósito bancario, y el donante deberá acreditar su identidad. También se permitirán los aportes en especie, esto es, aquellos que consisten en la prestación de un servicio o la entrega de un bien en forma gratuita. Sin embargo, como contracara, esta iniciativa modifica los plazos de las campañas y reduce a la mitad el tiempo total de programación audiovisual con fines electorales; regula aspectos de la campaña digital y del trabajo de las encuestadoras de opinión; y define la utilidad de los fondos destinados a capacitación dentro de los partidos.

Esta iniciativa fue impulsada por el Gobierno después de que saliera a la luz el caso de los cuadernos de la corrupción, en donde se investiga al red ilegal de financiamiento entre empresarios y funcionarios kirchneristas. Una vez en el Congreso, la ley fue apoyada por el interbloque peronista Argentina Federal y el Frente Renovador. Por el otro lado, el Frente para la Victoria – PJ se opuso, al igual que los partidos de izquierda, el Movimiento Evita y la Red por Argentina. Los opositores reclaman que el financiamiento sea “100% estatal”

El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Pablo Tonelli (Pro) destacó que el proyecto es “un gran paso para mejorar la transparencia de las campañas electorales” y “aumentar las obligaciones de los partidos en orden de esas campañas”. Además, también representando al Pro, Silvia Lospennato estableció que esta medida “se trata de si estamos dispuestos a que la sociedad conozca de dónde viene y hacia dónde va el dinero que reciben los partidos políticos”.

En esa línea también se manifestó el radical Diego Mestre, quien remarcó que “siempre la defensa de la democracia debe ser una prioridad”. “Esta ley es muy importante para fortalecer las instituciones, los partidos, y estoy convencido de que siempre echar luz y dejar el oscurantismo atrás va a ser muy importante para la ciudadanía y el Estado”, apuntó.

Del otro lado estuvo el jefe del bloque del Frente para la Victoria-PJ, Agustín Rossi,  quien defendió el financiamiento “100% estatal” y sostuvo que “cuanta menor injerencia de las empresas exista en el financiamiento de la política, será mejor para la transparencia y la actividad de los partidos políticos”. Quien también rechazó la medida fue Juan Manuel López de la Coalición Cívica, representando un quiebre dentro de Cambiemos. Tras ratificar el rechazo, manifestó que “siempre hemos hablado de la autonomía que debe tener la política respecto de otros factores de poder, y hemos votado en consecuencia”, comentó el “lilito”.

En cuanto al Frente Renovador, Graciela Camaño justificó la necesidad de sancionar la ley, al recordar que “hemos tenido escándalos todos los años” vinculados a las campañas electorales. En particular, rememoró que en 2007, la campaña presidencial de Cristina Kirchner fue financiada con aportes de tres laboratorios investigados por presunto lavado de dinero, que no pudieron justificar el origen de esos fondos.

Por último, por el Partido Justicialista, Diego Bossio desestimó el proyecto y se planteó si el Congreso no debería tratar los temas que son de “urgencia” para la sociedad. “Hay que decirlo con todas las letras: hay un Gobierno que quiso y quiere cerrar el Congreso de la Nación. No hay debate”, se quejó, y responsabilizó por eso al jefe de Gabinete, Marcos Peña.

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