El juez federal Daniel Rafecas sobreseyó a Aníbal Fernández y Juan Manuel Abal Medina

La decisión se dio en el marco de la causa por supuestos delitos en la adquisición de derechos televisivos en el programa Fútbol para Todos.
<a href="https://elintransigente.com/politica/2019/11/27/el-juez-federal-daniel-rafecas-sobreseyo-a-anibal-fernandez-y-juan-manuel-abal-medina/" rel="bookmark"><time class="entry-date published" datetime="2019-11-27T17:28:18-03:00">noviembre 27, 2019</time><time class="updated" datetime="2019-11-27T17:28:19-03:00">noviembre 27, 2019</time></a>

Hace instantes se conoció la noticia de que el juez federal Daniel Rafecas sobreseyó a los exjefes de Gabinete de la administración anterior de la entonces Presidenta de la Nación, Cristina Kirchner, Aníbal Fernández y Juan Manuel Abal Medina, además del empresario Alejandro Burzaco, entre otros imputados.

El sobreseimiento se dio en el marco de la causa por supuestos delitos en la adquisición de derechos televisivos en el programa Fútbol para Todos. De acuerdo al fallo conocido en el día de hoy, también el excoordinador del Programa, Gabriel Mariotto, salió airoso por el delito de defraudación a la administración pública.

Cabe mencionar que el juez Daniel Rafecas procedió a desestimar la denuncia realizada en su momento por la Procelac debido a que consideró la “inexistencia de delito” en el marco de un supuesto lavado de activos, en el que figuraba como implicado al exCEO de Torneos y Competencias, Alejandro Burzaco.

En lo que a la denuncia se refiere, se aludía a una presunta “existencia de una maniobra delictiva llevada adelante en el marco de las contrataciones entre funcionarios” y la “empresa ‘Torneos y Competencias SA” para los ocho torneos de fútbol realizados entre el año 2011 y el 2013 por un total de USD 33.050.000 que el Estado Nacional “fue abusivamente obligado” a pagar”, según figura en el dictamen fiscal que promovió la causa.

“No se aprecia que la maniobra desplegada hubiese estado orientada a generar un perjuicio patrimonial a la administración pública”, manifestó Rafecas al tiempo que aclaró en su fallo que “tampoco se ha advertido que la conducta desplegada haya tenido como meta -con independencia de la inexistencia de daño para el erario público- el beneficio del particular”.