En medio de la pandemia, una grave denuncia penal transmite alivio a los jubilados

Durante la emergencia sanitaria, los adultos mayores son los más expuestos a los riesgos.

En medio de la pandemia del coronavirus,  empresas no bancarias que prestan servicio de crédito fueron denunciadas. Las causas: estafa, usura crediticia y violación de datos personales en bases de datos. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional recibió las denuncias contra este sector. Jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) fueron los más afectados, de acuerdo a la demanda judicial.

Del mismo modo, las empresas fueron sumariadas por conductas abusivas o fraudulentas. Esta acción corrió por parte de la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores. Las compañías en cuestión son Smart Cash S.A., Punto Click S.A., Patagonia Cred S. A., Efectivo Urgente,  Wenance S.A., Wenance Credit Argentina S.A., Wenance Inversiones AAGI S.A.

Entre los reclamos que incluyen las demandas, se incluye el adjudicarles contrataciones nunca solicitadas a jubilados y beneficiarios de la AUH. Además, las empresas realizan débitos indebidos en cajas de ahorros y cuentas corrientes. La justificación para hacerlo es el “sellado”, “carpetas” o “gastos administrativos”. También se informó sobre aplicación de tasas abusivas que, en muchos casos, superan el 1.500% + IVA de CFT.

Por su parte, la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores, en colaboración con otros organismos como BCRA e IGJ,  identificaron las conductas abusivas sistemáticas y fraudulentas. Fue esta situación la que llevó a actuar ante las presuntas defraudaciones masivas o incumplimientos reiterados. Por ello, se activó el sumario y se realizó las denuncias penales.

Defensa del consumidor

Desde el Gobierno destacaron el accionar por parte de las áreas competentes. En este sentido, se remarcó que esta medida forma parte de las acciones que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Productivo. El objetivo es proteger el derecho de las y los usuarios y consumidores en todo el territorio argentino, bajo la aplicación de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor.

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