La cantidad de dinero que se gasta en el Congreso es un tema que siempre levanta polémica en Argentina. En ese sentido, Roberto Cachanosky precisó que «el presupuesto del Senado pasó de $13.909 millones en 2021 a $25.931 millones en 2022«, es decir, «86,4% de aumento contra inflación del 51%» y agregó que «el presupuesto de Diputados pasó de $15.620 millones en 2021 a $25.641 millones en 2022«, lo que implica un aumento del 64,2%.
Además, añadió en una publicación en su cuenta de Twitter, que «de acuerdo al presupuesto 2022, el costo por senador será de US$ 211.479 mes y el costo por diputado será US$ 58.586 mes». Si se divide por provincias, únicamente tres distritos cuentan con cifras de más de 100.000 dólares para costear sus parlamentos y son: Tucumán con 156.985,87, Ciudad de Buenos Aires con101.641,03 y Chaco con100.000, según los números que dio Cachanosky en LN+ a mediados de enero pasado.
El Poder Legislativo no es el único: la Justicia también está en el ojo de la tormenta por sus altos sueldos
«Un juez de la de Corte Suprema de Justicia tiene un sueldo básico de $692.476», precisó la abogada Natalia Salvo y añadió que en el caso de «un juez de Cámara de Casación, la suma es de 569.249 pesos». A principios de enero de este año, en un informe para C5N, la letrada indicó que un juez de primera instancia cobra $427.963 y los restantes funcionarios del Poder Judicial, como un secretario de una Cámara de Apelaciones perciben un salario de 347.527 pesos al tiempo que un secretario de Juzgado el monto es de $325.084.
¿Y el Poder Ejecutivo?: el presidente y vicepresidente cobran menos que un juez
Salvo señaló que tanto quien ejerece el rol de jefe de Estado como quien ocupa la vicepresidencia reciben un salario básico de $494.000, lo que refleja que un juez de la Corte Suprema percibe un sueldo cuatro veces mayor que quienes están en el Poder Ejecutivo.
Mientras los poderes del Estado tienen presupuestos impactantes, ¿qué pasa con el salario de un trabajador común?
Un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) indicó que en la actualidad la capacidad de compra de un trabajador formal equivale a seis salarios menos que en 2017. Además, para un empleado estatal la baja fue del 7,5% y para alguien que se mueve en la informalidad la pérdida fue igual a 10 meses de sueldo. Por lo tanto, los trabajadores tanto del sector privado como del público e informal perdieron la lucha contra la inflación, que terminó el 2021 en 50,9% y que este año se preveé que llegará al 55%, acorde con el relevamiento de Expectativas del Banco Central.
