El acuerdo para la firma de la Carta de Intención entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para un nuevo programa avanza en la recta final. Mientras el Gobierno afina la lapicera para abordar los detalles, acelera las charlas para que se firme esta semana y se envíe al Congreso antes del 1 de marzo, en las últimas horas surgieron novedades sobre los principales puntos del documento que se mantiene bajo llave.
La Argentina negocia con el Fondo un nuevo acuerdo para reprogramar los 45.000 millones de dólares de deuda que se tomaron durante la gestión de Mauricio Macri. Este nuevo programa de pagos tendrá una duración de dos años y medio, informó Télam. Al ser un plan de Facilidades Extendidas, también conocido como “servicio ampliado del FMI”, los vencimientos del préstamo de 2018 serán afrontados con fondos que facilitará el organismo por lo que permitirá el repago de toda la deuda en hasta 12 años.
De acuerdo al periodista Julián Guarino, en uno de los anexos del acuerdo el ministro de Economía, Martín Guzmán, solicitará al Fondo el desembolso de u$s 44.807 millones en el equivalente a Derechos Especiales de Giro (DEG), es decir, alrededor del 1.000% de lo que le corresponde hoy a la Argentina . Con estos fondos, podría cubrir el repago de la deuda, “reforzar la posición de reservas y fortalecer la estabilidad macroeconómica”.
No obstante, el comunicador precisó que en paralelo -y a contramano de lo que se venía subrayando desde el Gobierno- habrá “una exigente estructura de control y supervisión” desde el FMI a la Casa Rosada. Si bien se sabía que el organismo controlaría el comportamiento argentino, se definió que el equipo de Guzmán deberá rendir cuentas sobre “criterios de rendimiento cuantitativos, objetivos indicativos y puntos de referencia estructurales”
Por otro lado, según lo que se conoció hasta ahora, el acuerdo permite bajar gradualmente el déficit fiscal (reducirlo a 2,5% en 2022, para llegar hasta 0,9% en 2024), sin reformas laborales ni impositivas. A su vez, precisó el Gobierno, otorga un margen para aumentar el gasto de capital en infraestructura. No obstante, estos objetivos contemplan sí o sí un ajuste gradual que comenzaría en los subsidios a los servicios públicos.
Para esto, el Gobierno nacional-en principio- decidió avanzar en un plan de segmentación tarifaria, por barrio, según el nivel socioeconómico. De este modo, se estima que recorte el subsidio a unos 500.000 usuarios del AMBA considerados de los sectores más pudientes para ahorrar $200 millones de un total de $7 mil millones que utiliza hoy para cubrir los subsidios. La iniciativa ya cosechó fuertes críticas y aún no hay definiciones precisas sobre qué pasará.
A pesar de estos adelantos, desde el Palacio de Hacienda mantienen el hermetismo y adelantaron que la letra chica se conocerá cuando el Ejecutivo envíe al Congreso el proyecto con «anexos que contendrán todos los documentos» y «cada uno de sus detalles». Mientras tanto, resta dejar que el reloj corra y se anuncie formalmente la firma de un entendimiento definitivo que luego deberá ser avalado por el Parlamento donde el escenario tampoco es sencillo para el Gobierno.
