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POLÍTICA

Evadiendo la Justicia: los empresarios del Estado que aportaron a la campaña de Mauricio Macri

Kirchnerismo de buenos modales. La frase que resume el accionar de una oposición que se considera ser diferente.

Mauricio Macri

En Juntos por el Cambio también hay empresarios amigos que donan dinero para las campañas (como la de Mauricio Macri en 2015) a cambio de recibir licitaciones de obra pública. El artículo 15 de la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos prohíbe este tipo de maniobras y los espacios políticos no pueden recibir contribuciones o donaciones de empresas concesionarias de servicios u obras públicas.

Alejandro Radetic, dueño de la empresa Marcalba S.A, donó en 2015, unos 62.500 pesos para la campaña presidencial de Mauricio Macri en ese año. La firma fue denunciada por diputados de la Colación Cívica en 2011 por sobreprecios en obras de arreglo de veredas en CABA. Incluso en 2014, la organización empresarial formó parte de la lista de más de mil empresas denunciadas por la AFIP tras la utilización de facturas falsas.

Eso no es todo, otros socios de la constructora Marcalba S.A como Alberto Andrenacci y su hija, María de los Ángeles, también hicieron contribuciones a modo de donación por $500.000, algo totalmente ilegal. Por otro lado, cuatro empleados de la firma cordobesa conocida como Econovo, la productora de camiones de residuos de carga lateral para CABA, pusieron $180.000 para la fórmula de Macri y Gabriela Michetti.

Otros empresarios como Adrián Dalla Torre, Jorge Reale y Roberto Fernando Reale apoyaron al expresidente con $285.000. Los tres son socios de la consultora Reale-Dalla Torre, empresa que creo la imagen y marca de la Policía Metropolitana. Por otra parte, empleados de Publicidad Sarmiento, empresa que se encarga de instalar publicidad en carteles y pasacalles de CABA, donó 150.000 pesos a nombre de los Oscar Contreras, Raúl Menéndez Santiago Terranova.

Ivana Karina Román, presidenta de Puerto Asís Argentina S.A, aportó 1.500.000 a la campaña de la alianza Cambiemos. También, en la lista hay aproximadamente unos $505.000 de siete integrantes de EVA SA, la constructora que en noviembre de 2015 realizó la operación y el mantenimiento de una planta de tratamiento de restos de poda y de una planta de residuos orgánicos. La Justicia nunca se expidió sobre el asunto.