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Facundo Manes

POLÍTICA

Facundo Manes salió a reclamar la regulación estatal de la cocaína: en qué consistiría

Una propuesta que generará miradas encontradas tanto en la dirigencia política como en la sociedad.

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El diputado nacional Facundo Manes salió a reclamar la regulación estatal de la cocaína en medio de la conmoción por las muertes e internaciones por el consumo de esa sustancia “envenenada” en la provincia de Buenos Aires. El radical aliado a Juntos por el Cambio aclaró que “no se trata de avalar el consumo”, sino que tiene que ver con que “las muertes eran evitables”.

A través de su cuenta de Twitter, el neurocientífico sostuvo que “las muertes por el consumo de cocaína adulterada son una tragedia porque eran evitables”. “Negar los problemas nos aleja de las soluciones: necesitamos políticas integrales efectivas basadas en estadísticas y evidencia científica actualizada”, evaluó Manes, quien, a continuación, habló específicamente de la regulación.

“La evidencia de regulación en otros países muestra que resulta efectivo que el Estado intervenga a través de políticas de prevención y control de daños”, consideró el diputado, y subrayó: “Por el contrario, su ausencia se traduce en estas muertes evitables que hoy sufrimos”. En esta línea, aclaró que “no se trata de avalar el consumo sino de garantizar la presencia del Estado para evitar las peores consecuencias”.

En tanto, Manes recalcó que “se trata de entender que necesitamos un sistema de salud preparado para poder atender a ese consumidor e intentar que ese consumo no se transforme en problemático”. A su entender, “se deben multiplicar los esfuerzos para prevenir la venta y juzgar con firmeza los crímenes más complejos ligados a los negocios de las drogas. Y, además, hacen falta reformas estructurales y una lucha integral contra la corrupción para lograr mayor calidad institucional”, dijo el profesional sugerentemente.

No obstante, Manes puso por delante que “hace falta un proyecto de país donde la educación y el trabajo vuelvan a ser los motores de la equidad social”. “Sin eso, ninguna política ni ninguna ley será realmente efectiva y seguiremos llorando muertes que se podrían haber evitado”, aseveró el radical, en alusión a los más de 20 decesos que se registraron en las últimas horas por el consumo de cocaína adulterada en circunstancias que las fuerzas de seguridad aún tratan de establecer.

El caso emblemático de Portugal, que no falló

En 2001, Portugal aprobó una medida que en ese entonces desató una polémica: la ley de despenalización completa de todas las drogas a nivel nacional. No solo de la marihuana, sino también de drogas duras como la cocaína y la heroína, que hizo estragos en la Europa de los años ’80 y ‘90. Pese a las críticas y teorías apocalípticas al respecto, el país luso logró rebajar hasta los niveles más bajos de consumo del continente.

“Discriminalización”

La medida abolió las sanciones criminales por la posesión de todos los estupefacientes, sin excepción. Vale aclarar que eso no significa que se legalizó el narcotráfico, sino que eso sigue considerándose una actividad criminal, al igual que el mercadeo y el consumo sin freno. Los que no son considerados criminales son los consumidores, acorde a lo consignado por Mundo Deportivo.

En este sentido, la policía portuguesa no detiene a quienes la consumen, sino que los envía a un tribunal formado por profesionales de la salud, donde se estudia el caso concreto de cada infractor y se les brinda la oportunidad de seguir un tratamiento para paliar su problema con las drogas. También se les puede imponer sanciones civiles.

Resultados positivos

A más de 20 años de la sanción de la ley, los resultados son positivos. El consumo de drogas en todas las franjas de edad -también entre los más jóvenes- se ha reducido en términos absolutos. Un ejemplo son los adictos a la heroína, que, según el director del plan de drogas, Joao Goulao, han caído a la mitad. Otro éxito de la política portuguesa en este ámbito es la reducción de las enfermedades relacionadas con el consumo: los contagios por VIH, que han pasado de más de 1.000 en 2001 a 56 en 2012. Las muertes por sobredosis también han menguado un 80% desde que la ley entró en vigor.