Tras anunciar el entendimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno nacional enfocó su discurso sobre el acuerdo en la responsabilidad de la administración de Mauricio Macri y el organismo multilateral en la responsabilidad que tuvieron en el acceso a un préstamo que Argentina no puede afrontar. En paralelo, avanza en la Justicia una causa -un tanto desconocida- contra el expresidente, Luis Caputo, Federico Sturzennegger y Guido Sandleris por los delitos de violación a los deberes de funcionario público, malversación de fondos públicos y defraudación a la administración pública.
En silencio y sin tomar relevancia en la agenda pública, la Procuración del Tesoro de la Nación avanza en la tarea encargada por Alberto Fernández de promover la investigación judicial sobre la responsabilidad penal de quienes impulsaron el multimillonario préstamo en 2018. No obstante, el anuncio del entendimiento y el reconocimiento por parte del Gobierno argentino de un préstamo legal abrieron un interrogante sobre la posibilidad de que frene la mencionada causa.
“No lo creo”, enfatizó Guido Croxatto, director de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, y explicó que esta causa va en paralelo al acuerdo porque apunta a investigar el desempeño de funcionarios. “Hay dos discusiones importantes, la más importante es ¿por qué un país al borde de la crisis toma esa deuda impagable? ¿Para solucionar los conflictos o para que se fuguen la plata? Hay que ver detenidamente dónde fue y dónde está ese dinero”, aportó en declaraciones a Radio 10.
A través del Decreto 239/21 publicado en el Boletín Oficial el 9 de abril del año pasado cuando el Ejecutivo nacional ordenó instruir una causa para tratar de develar las responsabilidades penales de los seis funcionarios que firmaron el acuerdo con el Fondo sin pasar por el aval del Congreso.
De acuerdo a la explicación de Croxatto, la causa deberá determinar si el acuerdo con el FMI debe considerarse un “fracaso” de la política económica de la gestión macrista o un “delito” impulsado por la administración de Cambiemos. Esta última postura va en sintonía con el planteo del Gobierno del Frente de Todos, quienes subrayan que se trató de un acuerdo impulsado por afinidad política con la administración norteamericana y sin un proyecto de desarrollo nacional para el que se utilizaría.
“Si va a surgir un aprendizaje de toda esta crisis de la deuda, yo creo que va a ser a partir de esta causa penal”, insistió Croxatto sobre la relevancia de una investigación que no llegó a tomar gran relevancia pública. No obstante, en el medio entra a jugar un papel esencial el desempeño de la Justicia, muy cuestionada por el kirchnerismo.
La causa es comandada por la jueza María Eugenia Cappuchetti, quien -por ejemplo- tiene a su cargo la investigación sobre la presunta Mesa Judicial durante el macrismo. En este sentido, desde la querella subrayan el pedido para que la magistrada encare la investigación “con la seriedad que corresponde” y advirtieron que “sería muy grave que esa causa quedara en la nada”.
