El acuerdo comercial entre China y Argentina permitirá la construcción de la cuarta central nuclear Atucha III en Buenos Aires. La propuesta abastecerá de electricidad a 11 millones de argentinos y la inversión recibida será de 8.300 millones de dólares. Esto hará frente a la falta de energía en el país, sin embargo, varios ambientalistas criticaron la medida, ya que consideran que no es una fuente ecológica y que no hay evidencia empírica amplia sobre la nueva tecnología.
La obra que se desarrollará en un plazo estimado de ocho años y medio se instalará en la localidad de Buenos Aires, más precisamente en Zárate, donde confluyen el resto de las instalaciones de energía nuclear. «Según la respuesta brindada por NASA y lo relatado por el informe de la Jefatura de Gabinete (2019), el combustible para la central será brindado por la compañía china y luego la provisión será de origen nacional, si se logra concretar el supuesto contrato de transferencia tecnológica», sentenció un informe de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Desde el Gobierno sostienen que la edificación generará 7.000 empleos directos por la obra. Sin embargo, la energía utilizada (uranio) por la planta nuclear deberá importarse. «Las obras serán financiadas en un 85% por créditos chinos a 20 años, con 8 de gracia, que permiten el repago con la generación de nucleoelectricidad; el 15% restante queda a cargo del Tesoro Nacional, con una tasa de interés anual esperada del 4,8%», expresó el informe de FARN.
«Todas las formas de producción de energía nuclear generan residuos convencionales, residuos peligrosos y residuos radiactivos. Estos últimos tienen la particularidad de permanecer activos durante mucho tiempo y de ser difíciles de almacenar. Pueden mantenerse radiactivos y resultar peligrosos para la salud humana. Su gestión es diferente y se encuentra específicamente regulada por la Ley Nacional de Actividad Nuclear que abarca: Transporte, Caracterización, Registro, Tratamiento y Acondicionamiento, Almacenamiento y Disposición Final», explicó FARN.
«Es así que no sólo se proyecta negligentemente la distribución y localización de las centrales nucleares (a 100km de CABA), sino que además se subestiman los riesgos del desgaste de las plantas actualmente en funcionamiento. Previo a la ejecución del proyecto Atucha III debería realizarse un procedimiento de evaluación ambiental (EIA), tal como obliga la Ley General de Ambiente, que contemple las consecuencias y los peligros ambientales no sólo de la central en sí, sino también de su sinergia con las centrales aledañas, Atucha I y Atucha II», concluyó el informe.
